Asociación Mueble, indignada por el cambio de concurso del Palacio Justicia

La Asociación de Empresas del Comercio del Mueble de La Rioja ha expresado hoy su "indignación" por la decisión del Gobierno regional de modificar el proceso de licitación del mobiliario del Palacio de Justicia, por lo que le ha pedido que "recapacite" y permita continuar el concurso anterior.

El secretario de la Asociación, David Ruiz, ha aludido, en una rueda informativa, a la situación creada por la modificación del proceso de licitación del mobiliario del Palacio, anunciado el pasado día cinco por el Gobierno de La Rioja y que supone estar de nuevo en "la casilla de salida" y, además, genera "incertidumbre".

"No pedimos un trato de privilegio, no queremos que se nos ayude, queremos, porque estamos seguros de nosotros mismos, que se nos deje participar en el concurso", ha subrayado el secretario de la Asociación, perteneciente a la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) Comercio.

Ha insistido en mantener el anterior concurso de amueblamiento del Palacio de Justicia de La Rioja, que es "abierto, transparente y claro" y garantiza el principio de igualdad de concurrencia, lo que considera que no ocurre con el nuevo.

Por ello, desea que el Gobierno, antes de la publicación en los boletines correspondientes, recapacite su decisión de anular el concurso convocado en junio de 2015 y de iniciar un nuevo proceso de licitación al adherirse al sistema de contratación centralizada del Estado, en el que, según Ruiz, solo hay inscritas dos empresas riojanas del sector del mueble, pero ninguna del área de oficina.

Esta contratación centralizada elimina la posibilidad de participación de las empresas riojanas en el nuevo concurso y favorecerá a las grandes compañías del sector, que ya forman parte del Registro de Licitadores del Estado, y exigirá una clasificación "inviable" para los distribuidores locales del sector del mueble de oficinas.

Ese registro, que incluye una lista de hace diez años, requiere la homologación de las empresas, por lo que se restringirá todas las posibilidades de acceso a las empresas riojanas del sector a este concurso del Palacio de Justicia y a las sucesivas licitaciones que puedan efectuarse.

Ruiz ha resaltado la solvencia y capacitación de las empresas riojanas para desarrollar con garantía y en los plazos este suministro de mobiliario de oficina, pero cree que el Gobierno de La Rioja, con la decisión adoptada, "ningunea a la empresa local", que genera riqueza y empleo en la región, donde paga sus impuestos y colabora en el mantenimiento de los servicios públicos.

El Gobierno debilita a la empresa riojana, limita su capacidad de ofertar una propuesta en el nuevo concurso y favorece que grandes compañías multinacionales sean las que suministren el mobiliario de oficina del Palacio de Justicia de La Rioja, ha apostillado.

Sus datos señalan que la nueva licitación de suministro del mobiliario no garantizará el principio de igualdad de concurrencia, puede provocar nuevos retrasos en la apertura del Palacio y suscita nuevas "incertidumbres" sobre las calidades de los materiales y otros términos muy detallados que contenía el anterior pliego.

"Esta decisión del Gobierno nos sitúa de nuevo en la casilla de salida, en el punto de partida del concurso del suministro de mobiliario, con el consiguiente retraso y perjuicio que crea", según Ruiz, "no solo a las empresas del sector que habían sido preadjudicatarias, sino a otras de múltiples sectores con expectativas de negocio, gracias a la puesta en marcha del Palacio de Justicia".

Ha recordado que el pliego de contratación de junio de 2015 establecía un concurso abierto, en el que participaron numerosas empresas riojanas, de las tres -una en solitario y dos en una unión temporal de empresas- fueron preadjudicatarias en noviembre pasado en varios de los lotes, con ofertas en torno al 40 % de baja sobre el presupuesto de licitación inicial.

En enero de 2016, ha relatado, el tribunal estimó un recurso establecido por una empresa en diciembre último y, desde la resolución hasta el anuncio de la decisión del Gobierno de adherirse al sistema centralizado de contratación han pasado seis meses, "un periodo suficiente de tiempo en el que podía haberse seguido con normalidad el procedimiento del concurso".

La Asociación desconoce cuál es el "interés público" que se aduce para acogerse a un sistema centralizado y no seguir con el proceso del concurso e incide en el "evidente" perjuicio que esta decisión ha creado entre las empresas riojanas.

Las empresas del sector, durante los años de la crisis, han sufrido una "vertiginosa" caída de las ventas cercana al 70 %, ha indicado Ruiz, quien ha dicho que desconoce la decisión que pueden adoptar las tres empresas riojanas preadjudicatarias tras la decisión del Gobierno. EFE.

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