Puertos del Estado remitirá en julio a Pasaia la auditoría sobre la lonja

Puertos del Estado prevé finalizar y enviar durante el mes de julio la auditoría técnica y económica sobre la construcción de la lonja de Pasaia (Gipuzkoa), en la que supuestamente se cometieron irregularidades que investiga un juzgado de San Sebastián.

Este organismo dependiente del Ministerio de Fomento está elaborando, a petición de la Autoridad Portuaria de Pasaia, una auditoría exhaustiva de todo el proceso de construcción de la lonja, que se presupuestó en 14,9 millones, acumula ya un sobrecoste de más de 5 y se prevé que acabe costando 26 millones, incluyendo trabajos no incluidos en el proyecto inicial.

Fuentes de Puertos del Estado han eludido opinar sobre el registro efectuado ayer por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que inspeccionó durante doce horas distintas dependencias del puerto pasaitarra, tanto las oficinas centrales como la caseta de obra de la Unidad Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de la construcción de la lonja.

Esta operación, auspiciada por la Fiscalía Anticorrupción, está relacionada con la investigación de un juzgado donostiarra, al que al Ministerio Público trasladó la denuncia recibida desde la Abogacía del Estado para esclarecer la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas

Un portavoz de este organismo se ha limitado a explicar que la auditoría estará finalizada en julio y que Puertos del Estado se pone "a disposición de lo que pueda pedir el juez, el fiscal o quien corresponda" en el curso de la investigación abierta.

Tampoco ha respondido oficialmente al comunicado remitido ayer por el Gobierno Vasco que, con el registro aún en marcha, responsabilizó al Estado de la gestión del puerto de Pasaia, a pesar de que el ejecutivo autonómico nombra al presidente, en este caso Ricardo Peña, militante del PNV.

Precisamente una auditoría anterior de Puertos de Estado fue la que determinó que se habían ejecutado obras sin la correspondiente tramitación administrativa y sin cobertura presupuestaria, lo que llevó al presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Peña, a paralizar los trabajos.

El Consejo de Administración del puerto acordó, el pasado 5 de abril, esperar a la llegada de esta última auditoría de Puertos del Estado antes de adoptar una decisión sobre informar o no a la Fiscalía de las irregularidades, pero la abogada del Estado, miembro del Consejo, se adelantó y decidió presentar una denuncia, que ha acabado en manos de un juzgado de instrucción de San Sebastián.

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