Asime satisfecha por sentencia de la UE que avala arrendamiento financiero

La asociación gallega de industriales metalúrgicos Asime ha expresado hoy su satisfacción por la sentencia europea que avala el modelo de financiación para la construcción de buques conocido como "tax lease", al que se oponían los astilleros de Holanda.

En una sentencia publicada hoy, la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, determina que "el recurso debe ser rechazado en su totalidad".

El secretario general y portavoz de la patronal Asime, Enrique Mallón, indica en un comunicado que esta resolución "proporciona todavía más seguridad jurídica y credibilidad a todas las actuaciones comerciales y contractuales".

Para Mallón, la sentencia confirma "la legalidad del actual sistema tax lease, que, al igual que el anterior, para Asime siempre han sido herramientas absolutamente legales y respetuosas con las normas europeas de competencia".

En su opinión, "existen daños y perjuicios que probablemente nunca serán resarcidos de manera satisfactoria", pero ha mostrado su esperanza de que cuando en el futuro se vuelvan a fijar medidas que afecten a la libre competencia entre países, haya "un examen más estricto de las consecuencias".

El representante de Asime también ha reclamado que en el proceso de admisión de recursos o demandas "reine la más absoluta rigurosidad".

Ha defendido que la resolución conocida hoy "favorecerá a nuestros astilleros gallegos y a nuestras industrias auxiliares complementarias, que a día de hoy representan un número de 270 y que han visto menoscabada su imagen y su capacidad comercial".

En diciembre de 2014, el Tribunal General de la UE ya avaló el sistema español de amortización anticipada para la financiación de buques, que fue además respaldado por la Comisión Europea (CE) en 2012 una vez que España modificó una versión anterior que era considerada por Bruselas una ayuda de Estado selectiva.

Con su recurso, los astilleros holandeses buscaban anular la decisión de la CE o al menos referir el caso de nuevo al Tribunal General y que la Comisión pagase los costes del proceso.

Tanto la CE como España defendieron ante el Tribunal de Justicia que la alta corte rechazase el recurso.