Arca pide un PROT "sin dilación" para evitar nuevas sentencias en viviendas

La asociación ecologista Arca ha pedido hoy al Gobierno de Cantabria que elabore y apruebe "sin dilación" un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que asegura que justifican "las 859 viviendas con sentencia de derribo" en la región, y porque evitaría que se vuelva a producir esa situación.

Arca señala que el PROT evitará situaciones como la que sufren los afectados por esas sentencias y los ayuntamientos, además de una "agresiva e ilegal gestión territorial que nunca debió de haberse permitido".

En un comunicado, la asociación conservacionista pide a los "responsables" de que se hayan producido esas sentencias de derribo que "den la cara" y asuman "su responsabilidad política", además de que, a su juicio, tienen que "pedir disculpas a la sociedad cántabra y colaborar con todas sus capacidades a solucionar este bochornoso problema que ellos mismos han creado".

En opinión de Arca, los "responsables" de esas sentencias de derribo son los alcaldes, concejales y técnicos que en los ayuntamientos afectados apoyaron y aprobaron esas construcciones ilegales y los cargos públicos de las consejerías y los técnicos que estaban en el Gobierno regional en ese momento.

Arca señala que la mayoría de esos "responsables" pertenecen "a un determinado partido político", que la asociación no cita en su comunicado, aunque indica que también hay representantes de otras formaciones implicadas.

"Ello quizás explique la connivencia y consenso mantenidos por los tres principales partidos políticos en el Parlamento regional en los últimos ocho años para aplazar y diluir en el tiempo el cumplimiento de las sentencias. Todos unidos en silencio cómplice para huir hacia adelante y hacer lo que haga falta para no asumir responsabilidades", añade la asociación.

También Arca menciona en el comunicado la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso que el Ayuntamiento de Argoños presentó contra la anulación del estudio de detalle para cuatro viviendas de Camino del Portillo, porque considera que con esa figura urbanística el Consistorio buscaba legalizar esas construcciones, que tenían sentencia de derribo.

Arca cree que esa resolución judicial "pone fin a un mediático y dilatado proceso de triquiñuelas jurídicas mantenido a lo largo de cuatro años por el anterior consejero de Medio Ambiente y el Gobierno que lo sustentaba, destinado a aplazar indefinidamente el problema de los derribos en lugar de solucionarlo".

La asociación ecologista ha opinado que quien desarrolló diversas iniciativas para evitar los derribos de viviendas "sabían" que sus decisiones iban a acabar con el rechazo de los tribunales, pero ha señalado que "optaron por distraer a la opinión pública y tranquilizar a los afectados con juegos y artilugios jurídicos con la intención de dejar pasar el tiempo".

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