Defensor Pueblo cree Industria debe controlar al máximo riesgos del fracking

El Defensor del Pueblo considera que el Ministerio de Industria, como "principal conocedor" de la fractura hidráulica, debe desempeñar un papel activo en los procedimientos de evaluación para "evitar al máximo la producción de daño" si finalmente sigue adelante con el empleo de esta técnica.

Así lo señala en su respuesta a una queja de UGAM sobre el permiso de investigación de Luena, una vez recibida la información que había solicitado esta institución al Ministerio de Industria.

En su respuesta, que ha sido difundida hoy por UGAM, el Defensor del Pueblo dice que en el empleo de una técnica con "riesgos específicos muy significativos en términos de ese ministerio", es "obligado que exista cuanto menos una actuación de control, siquiera preventivo, por parte de los poderes públicos".

Señala que, puesto que no se ha optado por la prohibición normativa de su uso, es necesario que las administraciones aseguren que no se autoriza un proyecto sin una completa evaluación ambiental, ajustada a lo establecido en la legislación.

Según el Defensor del Pueblo, esa evaluación debe incluir una adecuada valoración del estado del medio ambiente antes del inicio de las operaciones, especialmente los acuíferos, "sin que sirva de excusa para no evaluar, pero sí autorizar, que no existe suficiente información disponible para determinar el estado inicial de los elementos del medio ambiente", apostilla.

Cree que también debe incluir una definición precisa de los impactos y riesgos ambientales; las medidas correctoras y compensatorias que deben implantarse, sin descartar aquellas que, siendo necesarias, suponen un elevado coste; un plan de actuación en caso de contaminación y un plan de seguimiento periódico de la ejecución del proyecto y sus efectos.

En ese contexto, recuerda que de las quejas que ha recibido por irregularidades en las declaraciones de impacto en otro tipo de proyectos "no puede concluirse que todos los aspectos señalados se definan habitualmente con claridad, en especial la valoración de los impactos negativos y la definición de las medidas que han de adoptarse para evitarlos: no suelen ser suficientes e incluso pueden no adoptarse", añade.

Para el Defensor del Pueblo, el empleo de la fractura hidráulica también requiere que las administraciones controlen la ejecución de los proyectos y la fase de explotación y que evalúen si es preciso introducir alguna medida normativa orientada a garantizar el cumplimiento.

Así, destaca que evitar la "mala praxis" debería ser prioritario, dadas las dificultades que suelen presentarse para la restauración efectiva del medio ambiente y de los recursos naturales, tales como el cierre de la empresa explotadora, insolvencia, caducidad de los procedimientos sancionadores, imposibilidad de averiguar el origen de la contaminación o las restricciones presupuestarias para proceder a la ejecución subsidiaria a costa del responsable.

Considera además que a ello habría que añadir "las dificultades técnicas cuando no la imposibilidad", de acometer la restauración de determinados elementos del medio ambiente una vez han sido dañados, como es el caso de los acuíferos.

El Defensor del Pueblo dice además que aunque el Ministerio señala que existe conocimiento y tecnología para minimizar los riesgos del uso de esta técnica, esta información no se proporciona en un lugar específico de su sede electrónica.

No obstante indica que no cabe formular una sugerencia en ese sentido porque Industria le ha comunicado que está trabajando en ese objetivo en la información que le ha remitido.

Sobre la queja de UGAM, explica que debido a que el procedimiento de evaluación ambiental está en curso, suspende las actuaciones hasta que se formule la declaración de impacto, cuya resolución le debe ser remitida por Industria, junto con la indicación del lugar de la sede electrónica en el que proporciona información sobre la fractura hidráulica.

También aconseja a esta organización que se dirija a las administraciones o consulte sus sedes electrónicas para averiguar el estado de los proyectos y presente las alegaciones que estime convenientes, directamente o a través de las asociaciones afectadas que participan en el proyecto.

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