UGT y CCOO dicen que el derecho a la huelga es "ejemplarmente democrático"

Representantes de UGT y CCOO han secundado esta mañana una concentración de apoyo a los ocho trabajadores de Airbus que son juzgados desde hoy por participar en piquetes y en una huelga, un derecho "ejemplarmente democrático".

Tras recordar que para ellos se piden 66 años de cárcel y que son son más de 300 personas encausadas por motivos similares, UGT y CCOO han exigido la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y reclamado el derecho a la huelga como "derecho de huelga", una consideración que no se puede "obviar".

Para estos sindicatos se trata de un derecho que "ha sido y es ejemplarmente democrático y pacífico durante las más de tres décadas en las que se ha llevado a efecto en múltiples ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de empresa" y su "reconocimiento" para "la defensa" de los intereses de los trabajadores figura en cartas, tratados y pactos internacionales.

Un derecho que desde la aprobación de la Constitución de 1978 y a pesar de "crisis económicas y duros procesos de reconversión industrial" se ha ejercido de forma "responsable y sin que se hayan derivado actuaciones penales" hasta ahora.

UGT y CCOO subrayan al respecto que ha sido la utilización "injustificada y desproporcionada" del artículo 315.3 del Código Penal la que ha situando el derecho de huelga "en el siglo XIX, donde su ejercicio era penado y perseguido".

"La participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación, no es un delito, y la mera identificación de los trabajadores que en él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión", afirman.

Y subrayan que los trabajadores de Airbus se identificaron "motu propio" y desde hoy se enfrentan a un juicio penal "como si de delincuentes se tratase, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y por el ejercicio de huelga, pidiendo para cada uno de ellos penas de prisión de 8 años y tres meses".

Instan por ello al Gobierno central a "promover la retirada de todos los cargos contra las personas y sindicalistas que, como en este caso, sean juzgados por este artículo", y a adoptar las iniciativas legislativas que sean necesarias para "corregir esta situación, entre ellas la derogación" del 315.3 del Código Penal, "en defensa de la propia legitimidad del Estado social y democrático de derecho".

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