Dos años de cárcel para el expresidente de CCM Moltó por falsear las cuentas
La Audiencia Nacional ha condenado hoy al expresidente de Caja Castilla la Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y al[…]
La Audiencia Nacional ha condenado hoy al expresidente de Caja Castilla la Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y al ex director general Ildefonso Ortega a una pena de dos años de cárcel, que no les llevará a prisión, y una multa de 29.970 euros a cada uno por falsear las cuentas de la caja.
El juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, considera a ambos culpables de un delito de falsedad contable con el que encubrieron las pérdidas millonarias de la entidad en 2008.
Y aunque reconoce que alteraron la cuenta de resultados de la entidad para que reflejara beneficios inexistentes, los absuelve del delito de administración fraudulenta.
El juez señala que ambos "utilizaron un ardid contable" para tapar "unas pérdidas que se podrían denominar galopantes".
No obstante, considera que no existe "la certeza" de que el vaciamiento de la caja se debiera a una "acción voluntariamente intencional" de los acusados.
Lo que resulta claro para el juez es que ambos son coautores, puesto que realizaron todo "conjuntamente y de mutuo acuerdo".
Aunque no hay duda de que fue Ortega quien configuró el artificio contable, ello no exime de responsabilidad a Hernández Moltó, quien lo asumió en su condición de presidente de la caja, según la fuente.
El juicio por el saqueo de CCM despertó desde el primer momento un enorme interés porque Moltó, a la sazón portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, fue en 1994 extremadamente duro con el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, investigado por presuntas irregularidades en su gestión.
Moltó pidió entonces a Rubio que aprovechara la oportunidad "para salvar la poca honestidad que le queda", y tras pedirle que le mirara a los ojos, lo acusó de "egoísmo y cobardía" en su actuación.
La sentencia publicada hoy destaca que tanto Hernández Moltó como Ortega sabían que el Banco de España consideraba la entidad "no viable", por lo que todo el "calendario" fijado por ambos para la gestión de la caja carecía de sentido.
Y así, señala la sentencia, se hizo constar el 31 de diciembre de 2008 que la entidad tenía ganancias, cuando su situación financiera era tan crítica que tuvo que ser intervenida tres meses después.
En opinión del juez, las cuentas eran falsas "al no haber existido jamás un beneficio de 93 millones de euros".
Asimismo, añade que los créditos de CCM fueron concedidos sin seguir las prácticas bancarias habituales y que se advertía "en principio cierto trato de favor", ya que algunos préstamos resultaron total o parcialmente impagados.
No obstante, estima que aunque los créditos recibidos por grupos de muy alto riesgo contribuyeron a la despatrimonialización de CCM, no existen indicios de una acción "voluntariamente intencional" por parte de ambos acusados con el fin de procurarse un bien determinado.
El magistrado desestima por ello las acusaciones por administración desleal, dado que "una mala gestión y un peor control de los riesgos" no determina la existencia de un delito penal.
En sus conclusiones, considera que la actitud durante el juicio de Moltó "resulta hasta sarcástica" y "absolutamente inadmisible", ya que trataba de dar la imagen de que era "animador sociocultural de la caja" y con "parecidas funciones a las de una reina madre", así como "descargar la responsabilidad" en Ortega.
La asociación de consumidores Adicae, que pedía cinco años de prisión para Hernández Moltó y Ortega, ha dicho que la pena de dos años y la "irrisoria" multa "no sólo valida la desastrosa gestión de los acusados, sino que además supone un incentivo para el fraude".
"Los 9.000 millones pagados por los españoles para rescatar CCM equivalen a 29.970 euros de multa para dos acusados que en la práctica no pisarán la cárcel", ha denunciado la asociación.
Las defensas de Hernández Moltó y Ortega disponen ahora de diez días para interponer recursos contra el fallo del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, antes de que se ponga fin a un largo proceso de siete años.