Vista para sentencia la demanda colectiva por las subordinadas de Caja Duero

El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha dejado hoy vista para sentencia la demanda colectiva interpuesta por la asociación Adicae en representación de 354 afectados por el proceso de venta de obligaciones subordinadas de Caja Duero, ahora integrada en Unicaja Banco.

Durante la vista, el tribunal ha desestimado las excepciones alegadas por el representante legal de la antigua caja y ha aceptado las pruebas aportadas por la parte demandante, que exige anular toda la emisión de deuda subordinada, así como el cese de los contratos al considerar que la entidad incurrió en una práctica comercial abusiva.

En este sentido, los servicios jurídicos de Adicae entienden que Caja Duero no superó el doble de control de transparencia exigido por ley para la comercialización de productos financieros complejos, es decir, aquellos "inentendibles para cualquier usuario" si la entidad no realiza un esfuerzo extra, según la doctrina del Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha pedido la anulación de los 354 contratos que, según sus estimaciones, suponen pérdidas de unos 20.000 euros de media, y ha explicado que "los efectos podrían extenderse a decenas de miles de afectados por este fraude en el que Caja Duero emitió 200 millones".

"Cinco años después hay entidades como Unicaja y sus cajas que todavía siguen resistiéndose a pagar el dinero defraudado, que no quieren reconocer el enorme fraude de las preferentes y subordinadas, declarado ya por miles de sentencias", ha añadido.

Pardos ha recordado que entre quienes acudieron a la oferta de la caja hay perjudicados de toda España, no sólo de Castilla y León -origen de la entidad-, ya que los antiguos responsables "tuvieron la osadía de dilapidar el dinero abriendo sucursales por todos lados cuando en realidad no tenían capacidad".

Precisamente, varios exdirectivos de Caja Duero, entre ellos su expresidente Julio Hermoso, ya fueron investigados en 2014 después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite una querella de la Unidad de Consumidores de Castilla y León por presunta estafa, publicidad engañosa y administración desleal en la comercialización de preferentes y deuda subordinada.

Un procedimiento penal que fue sobreseído por el juez instructor Eloy Velasco un año más tarde al descartar que dichas emisiones fueran concebidas ante la necesidad de capitalizarse y considerar que se colocaron bajo la demanda de los propios clientes y con el aval de los supervisores.

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