CCOO pide contratación pública masiva e invita trabajadores a ir a tribunales

Representantes del sindicato CCOO exhortaron hoy a la Xunta a una contratación masiva para empleos actualmente cubiertos con contratos temporales e invitaron a los trabajadores del sector privado a acudir a los tribunales, tras una sentencia sobre equiparación de derechos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió en septiembre pasado una sentencia invitando a España a no discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos y temporales y exigiendo a los tribunales reconocer a ambos tipos de empleados por igual.

La norma vigente hasta entonces estipulaba que los trabajadores temporales debían ser indemnizados con entre 8 y 12 días de sueldo por año de servicio, o nada en el caso de que sean interinos.

En una conferencia de prensa, integrantes de CCOO en Galicia, incluido el coordinador del área pública en Galicia, Ramiro Otero, invitaron a la Xunta a proceder a una amplia oferta pública de empleo para solventar la situación.

Según Otero, en Galicia hay unos 185.000 empleados públicos, de los que casi el 70% son del ámbito de la Xunta de Galicia, y el resto de la Administración central y de los municipios.

Según cálculos de CCOO, unos 42.200 personas, de ellas el 65% de contratación municipal, podrían estar en una situación "irregular" en base a la sentencia de la Unión Europea.

"Animamos a acudir al juzgado ante una demostración inequívoca de contratación irregular", comentó Otero, quien señaló que los tribunales están emitiendo sentencias en el sentido de equiparar los despidos a personas con contratos temporales.

CCOO ha lanzado una "campaña" y ha abierto sus puertas a los trabajadores en esa situación para que reciben información sobre sus derechos.

Los representantes de CCOO indicaron que eso pone de manifiesto al situación de "precariedad" que afecta a los trabajadores en todos los ámbitos, especialmente en el privado, aunque indicaron que carecen de datos.

Otero exhortó a la Xunta a "buscar una solución" con el fin de evitar una "demanda masiva" susceptible de "colapsar" el sistema judicial con demandas.

Teniendo en cuenta que el PPdeG tiene "mayoría absoluta" en Galicia y que el nuevo Gobierno autonómico está a punto de constituirse, "no hay disculpas para esperar", dijo el representante de CCOO, que reclamó una reunión con representantes de la Xunta ante la "gravedad de la situación de precariedad" que ha puesto de manifiesto la Unión Europea en la sentencia, y pidió una "respuesta política".

Otero estuvo acompañado en la conferencia de prensa del secretario de sanidad de CCOO en Galicia, Ángel Cameselle, y de la secretaria de educación de ese sindicato, Luz López.

Esta última señaló que la sentencia establece, en su opinión, que los trabajadores interinos "tienen derecho a indemnización" y consideró "llamativo" que la Xunta, "para aquellas cosas que le interesan, hace de la normativa europea una aplicación inmediata", pero "para otras que no le convienen tanto hacen oídos sordos a esas directrices".

Otero y López señalaron que "todos aquellos trabajadores que fueran despedidos desde el 17 de diciembre de 2014 o bien, en caso de los "funcionarios interinos en Galicia", desde el 17 de diciembre de 2010, "pueden hacer reclamaciones" por vía judicial si consideran que no fueron indemnizados debidamente.

Cameselle precisó que el Sergas es uno de los principales focos de contratación temporal abusiva, hasta el punto de que hay trabajadores que llevan ejerciendo desde hace "más de diez años" encadenando empleos de corta duración, en "fraude de ley".

Añadió que hay situaciones de que "por un puesto de trabajo pasan veinte personas", lo que "dificulta trabajar cada día con una persona diferente" para tareas en las que está en juego la salud de las personas.

Indicó que la Xunta no facilita, sino que "oculta" datos sobre la temporalidad, pero apuntó que "posiblemente estemos en el 20%" del total de empleos, ya que es "una cifra altísima".

Por ello, Cameselle consideró que lo mejor para solventar esa situación sería hacer un examen detallado sobre el número de empleos en plazas "estructurales" y lanzar un "megaoferta pública de empleo".

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