Unos 250 empleados del sector público reclaman se cumplan sentencias europeas

El sindicato ELA ha presentado en el sector público vasco cerca de 250 reclamaciones de trabajadores que operan en este ámbito en exigencia de que se cumplan las sentencias europeas que afectan al personal temporal.

En una nota, la central ha señalado que las presentadas son las primeras reclamaciones para cambiar "de raíz las graves irregularidades existentes en materia de contratación" y ha indicado que se espera que su número aumente el próximo mes.

Las reclamaciones presentadas corresponden a distintos ámbitos del sector público vasco: Osakidetza, enseñanza, Administración autónoma, Lanbide, EITB, y Administración local y foral, según ha precisado.

En ellas se exige el cumplimiento de las recientes sentencias de tribunales europeos que dictaminan que el uso de la contratación temporal en las administraciones para cubrir puestos estructurales debe conllevar una sanción y establecen que se tienen que equiparar las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos y temporales o interinos.

ELA ha explicado que ha optado por presentar dichas reclamaciones ante "la negativa" del Gobierno Vasco a convocar el Consejo Vasco de Función Pública y la Mesa General para "estabilizar" el empleo público.

Según ha vuelto a denunciar, en la actualidad existen más de 45.000 trabajadores temporales en el sector público vasco, donde el 35 % de los empleados son de carácter temporal, según sus datos.

El sindicato ha señalado que existe una decisión política en las instituciones vascas de "apostar de manera estratégica por la precariedad en el empleo público" y de cubrir "con empleo temporal necesidades estructurales del sector público".

ELA ha considerado que las sentencias europeas citadas "deben modificar de raíz la actual forma de contratación" en la Administración vasca y ha manifestado su voluntad de diálogo con dicho fin.

Ha demandado al Gobierno Vasco y al resto de instituciones de Euskadi que se reúnan con los sindicatos para iniciar negociaciones tendentes a dotar "de empleo estable" al sector público.

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