El TC obliga a devolver el recorte salarial de 2010 a empleados de Hispanagua

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la rebaja salarial del 5 % que la Comunidad de Madrid impuso a los empleados públicos de la empresa Hispanagua, filial de Canal de Isabel II, en el año 2010 y que, según UGT Madrid, podría aplicarse al conjunto de entes públicos.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el TC "estima la cuestión de inconstitucionalidad" planteada por el Tribunal Supremo (TS) tras un recurso de UGT Madrid.

Desde el sindicato han señalado hoy que, aunque el dictamen del TC se refiere en concreto a los trabajadores de Hispanagua, debería aplicarse al resto de trabajadores públicos que sufrieron estos recortes "de manera injustificada", según la secretaria de Comunicación de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid, Rosa María Robledano.

Con esta sentencia, el portavoz del sindicato José Luis Moreno ha indicado que se entiende que "afecta a todos los empleados públicos de todas las sociedades mercantiles".

La reducción salarial se aplicó en julio de 2010 después de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara en mayo un real decreto que impuso una rebaja del 5 % anual a los salarios de los funcionarios.

El Ejecutivo regional extendió esa reducción a las empresas públicas y aplicó esa reducción al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles.

Sin embargo, el real decreto del Gobierno socialista determinaba que no se aplicaría "al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles ni al personal laboral no directivo de Renfe, Adif Y Aena, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".

La empresa filial de Canal presentó una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para que se declarara "nula" y dejara "sin efecto" la decisión del Gobierno regional de imponer esa reducción salarial, pero en diciembre de 2011 la desestimó.

El sindicato recurrió ante el Tribunal Supremo, que decidió el 30 de septiembre de 2014 "plantear una cuestión de inconstitucionalidad" por una posible contradicción con los dispuesto en el real decreto de 2010 y remitió el asunto al TC al exceder sus competencias.

"Nos han dado la razón", ha indicado Moreno, quien ha afirmado que Hispanagua les ha comunicado que va a hacer frente al pago que "afectaría a unos 350 empleados".

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