El PSOE pide que la iniciativa sobre renta mínima se debata la próxima semana

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, propondrá en la junta de portavoces de esta semana que la[…]

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, propondrá en la junta de portavoces de esta semana que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los sindicatos para establecer una renta mínima se debata en el primer pleno del año en la cámara baja, previsto para la próxima semana.

Así lo han informado fuentes socialistas, que han explicado que Hernando se comprometió a ello con los secretarios generales de UGT y CCOO, que comparecieron la semana pasada en el Congreso.

Los socialistas ya han avanzado que apoyarán la propuesta de los sindicatos para que los parados sin recursos económicos tengan derecho a una prestación de 426 euros al mes, que se prolongue mientras la persona carezca de empleo y recursos económicos, sea un derecho y no esté condicionada a la disponibilidad presupuestaria.

El pleno del Congreso ya aprobó en diciembre una moción del PSOE en la que se reclamaba al Gobierno la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones, propuesta que además aparecía en su programa electoral de las últimas generales.

La prestación que plantean los sindicatos se dirige a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto es de unos 12.000 millones de euros, el 1,1 % del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2 % y el 0,4 %.

La financiación de esta prestación sería vía presupuestos generales del Estado y mientras en Andalucía habría 766.476 beneficiarios, en la Comunidad Valenciana afectaría a 256.749 personas, en la Comunidad de Madrid a 239.384 y en Cataluña a 196.447 personas.

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