Popular: Cinco fondos se suman a las demandas

La avalancha de procesos judiciales abiertos por los afectados tras el rescate y posterior venta del Banco Popular al Santander ha incorporado cinco grandes fondos de inversión, que han presentado recursos contencioso administrativos contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la Audiencia Nacional.

El más importante de ellos es la firma estadounidense Pimco, además de Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, representados por el bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel. Entre todos ellos habrían perdido unos 850 millones invertidos en el Popular a través de bonos, en nombre de fondos de pensiones y otros inversores institucionales y minoristas.

El recurso no tiene el objetivo de ver restituidas esas pérdidas, según señalan en el despacho de abogados que representa a los fondos, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de liquidación del banco, y recuperar los fondos perdidos, porque, en su opinión, la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria para actuar. De esta forma, se habría impedido a los efectados evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión final de las autoridades.

Todo tipo de actuaciones

Esta acción judicial de Pimco no es la primera a la que se enfrenta el FROB, ya que el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45%, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB.

Asimismo, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el empresario mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2% del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya ha presentado su denuncia a la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que instó al FROB a liquidar el Popular.

También tiene previsto acudir próximamente a la Audiencia Nacional la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que el pasado día 7 de agosto recurrió en Europa.

Además de acudir a los tribunales españoles, todo tipo de inversores y bonistas han presentado ya medio centenar de demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vez expirado, a mediados de agosto, el plazo previsto para poder hacerlo.