ELA y LAB exigen al Gobierno Vasco que mantenga las 35 horas semanales

Los sindicatos ELA y LAB han exigido al Gobierno Vasco que mantenga la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios vascos, tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la anulación de esta medida.

El Supremo ha confirmado la anulación del decreto dictado en 2016 por el Gobierno Vasco que reducía a 35 horas semanales la jornada laboral de sus funcionarios al considerar que la Administración autonómica ha de "respetar los límites establecidos" para el resto del conjunto nacional.

En una nota, ELA ha exigido al Gobierno de Urkullu que se "comprometa" a mantener las 35 horas y ha considerado que, en caso contrario, si se acepta la ampliación de jornada, ello supondrá "un grave ataque al autogobierno vasco" y la "destrucción de miles de empleos en la administración vasca".

ELA ha recordado que en su día ya criticó la decisión del abogado del Estado de recurrir el decreto del Gobierno Vasco sobre las 35 horas al considerarlo "una muestra más de la agenda involutiva social y contra el autogobierno por parte del Estado".

Este sindicato, mayoritario en Euskadi, ha señalado que la resolución judicial "muestra claramente los límites de la bilateralidad", ya que "ni siquiera" se puede decidir en el País Vasco sobre los empleados públicos de esta comunidad.

"Las administraciones vascas se convierten así en meras sucursales que aplican las decisiones adoptadas en Madrid", ha añadido ELA.

En otro comunicado, LAB ha transmitido al PNV y al Gobierno Vasco que "de ninguna manera" va a aceptar que, conforme a esta sentencia, se dé un paso atrás en las 35 horas y "se incremente la jornada laboral en ninguna administración".

LAB ha calificado de "sumamente grave" la actitud del Gobierno español en este asunto y ha considerado que es "inaceptable" que se actúe "en contra de los acuerdos" alcanzados en Euskadi entre la Administración vasca y los sindicatos.

"Queda claro que lo único que viene de Madrid son recortes y retroceso en las condiciones laborales. El Gobierno español tampoco respeta el derecho a la negociación colectiva en las administraciones vascas", ha agregado LAB.

Ha defendido la creación de un "marco legal propio" para el "blindaje" de los servicios públicos vascos mediante la aprobación de una normativa legal propia, "dejando a un lado el simple desarrollo de las leyes españolas".

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