Marea Pensionista lleva la revalorización de las pensiones a Tribunal Europeo

La Marea Pensionista ha anunciado que interpondrá una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado por presunta vulneración del derecho a preservar el poder adquisitivo de los pensionistas, con la que intentan revertir la actual política de revalorización de las pensiones.

El Colectivo Ronda presentará la demanda en representación de Domiciano Sandoval, activista de Marea Pensionista, por la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas españoles debido a la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones por debajo del IPC en los últimos años.

En un comunicado, este despacho de abogados asegura que la demanda argumenta una presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos por parte del Estado español en relación al derecho a "elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social" y por no garantizar la "suficiencia económica" de los pensionistas.

Además, señala que España vulnera el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por el Gobierno, además de el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.

Un estudio hecho público por UGT, y que cita el Colectivo Ronda, sostiene que los pensionistas españoles han perdido una media de 670 euros en términos de capacidad adquisitiva entre 2010 y 2017.

El Gobierno del PP aprobó en noviembre de 2012 un real decreto ley, denominado de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que introdujo la revalorización de las pensiones de jubilación con porcentajes inferiores al IPC y que tuvo un efecto retroactivo.

En 2013, el ejecutivo impulsó la Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones que ha desvinculado de manera definitiva las pensiones del IPC, con lo que la revalorización de las pensiones depende de diferentes variables que no implica la preservación del poder adquisitivo.

Hasta ahora, esta política de desvincular las pensiones del IPC ha llevado a la presentación de demandas judiciales para reclamar el importe de las revalorizaciones de 2012 y 2013 e incluso la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional presentado por un grupo de parlamentarios.

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