Fernández Ordóñez y Julio Segura, ante el juez como investigados por Bankia

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El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura declaran esta semana junto a otros seis exdirectivos de ambos organismos como investigados, lo que antes se conocía como imputados, ante el juez que investiga la salida a bolsa de Bankia.

Se trata de la primera ocasión en la que ambos declaran como investigados, aunque anteriormente comparecieron como testigos ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu.

La ronda de declaraciones la inaugura mañana a las 9:00 horas en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la calle Génova el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, al que seguirá a las 10.00 horas Julio Segura.

El martes acudirán los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el miércoles, los exdirectores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello; el viernes será el turno del exsubgobernador Javier Aríztegui y del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Andreu citó a los ocho exdirectivos a instancias de la Sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que "existían indicios múltiples bastantes" de la comisión de un delito.

La Sala aceptaba así parcialmente el recurso interpuesto por la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que reiteradamente había solicitado dichas comparecencias, que el juez Fernando Andreu rechazó hasta en tres ocasiones.

Según el escrito de la sala, todos ellos autorizaron la operación de la salida a bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo, y de que la solución "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", que cifra en 15.000 millones de euros.

La Audiencia Nacional valoraba la testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores, y calificaba de "razonable y razonada" la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad" en esta conducta.

De este modo, la sala asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una "inestimable colaboración" a la excúpula de Bankia como "cooperadores necesarios" de las supuestas irregularidades e "incitar" a la entidad a efectuar lo que denominó una "huida hacia delante".

Además, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, el pasado noviembre, quien planteó que de cuestionar la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad "no sería exclusiva de los administradores o del auditor", sino que "podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".

La sala contradice así al instructor, que a finales del pasado año rechazó por tercera vez investigar a quienes fueran los máximos responsables de ambos organismos; en diciembre, la CIC recurrió dicha decisión al considerar "imprescindible" esta diligencia, y afeó al magistrado por su "inercia desestimatoria".

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