El Santander, condenado a devolver 1,7 millones por colocar swap a un colegio

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al Banco Santander a devolver 1,7 millones de euros a una cooperativa de profesores que había suscrito un "swap", cobertura para hacer frente a los cambios de los tipos de interés, para financiar la construcción de un colegio en Moralzarzal.

El tribunal revoca la sentencia dictada por la juez de Primera Instancia y da la razón a los demandantes, a quienes la entidad ofreció "un producto inapropiado" teniendo en cuenta "su perfil minorista y no experto".

En este sentido, expone el fallo al que ha tenido acceso Efe, el Santander "incumplió sus deberes de información" al no explicar a su cliente la naturaleza, los riesgos y el alcance de ese producto financiero, reconocido como complejo por la propia doctrina del Supremo.

En 2008, relatan los magistrados, la cooperativa concertó un plan de financiación con el Santander para la construcción de un colegio concertado sobre unos terrenos concedidos por el Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid), con la obligación expresa de "suscribir un contrato de cobertura de tipos que diseñó unilateralmente el banco" a sabiendas de que la tendencia de éstos era a la baja.

Al respecto, insiste la sala en que dicho ofrecimiento a un cliente de perfil inexperto, que debe poder confiar en que la entidad no omite información relevante, "comporta un claro incumplimiento del encargo de facilitar no sólo una financiación, sino la garantía de que queda cubierto el riesgo de subida de los tipos de interés".

Además, matiza que el hecho de que los demandantes integren una sociedad mercantil, no supone necesariamente su carácter inversor ya que la formación necesaria para conocer la naturaleza y los riesgos de este producto "no es la del simple empresario sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado".

La Audiencia exime de responsabilidad, en cambio, a CaixaBank, entidad a la que el Santander cedió tiempo después parte de la cobertura, al considerar que carece de legitimación para hacer frente a una indemnización por daños y perjuicios.

Según los expertos, la sentencia aborda el tema desde un enfoque novedoso al afectar a un proyecto de financiación para la construcción de un centro de enseñanza por parte de cooperativas de docentes, colectivo que, aseguran desde el despacho Zunzunegui Abogados, ha sufrido estas prácticas de forma recurrente.

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