El Gobierno da el primer paso para aprobar una nueva ley sobre medios de pago
El Gobierno ha dado hoy el primer paso para aprobar en un futuro una nueva ley sobre medios de pago[…]
El Gobierno ha dado hoy el primer paso para aprobar en un futuro una nueva ley sobre medios de pago en Europa que establezca una regulación de los servicios de pago dentro del Viejo Continente, incluso cuando se presten en monedas distintas al euro y uno de los beneficiarios esté fuera de la región.
Con esta nueva ley, que podría entrar en vigor a principios de 2018, España traspondrá la directiva sobre servicios de pago en Europa, según han explicado fuentes del Ministerio de Economía.
Con ese objetivo, este departamento ha sacado a consulta pública hasta el próximo 3 de mayo un texto para recabar la opinión del sector, paso previo para que pueda elaborarse un anteproyecto de ley que se sometería a audiencia pública y finalmente el Consejo de Ministros apruebe una ley y se inicie su tramitación parlamentaria.
La idea es que a comienzos de 2018 España haya traspuesto la directiva europea sobre medios de pago, convencida de que el establecimiento y mejora de una normativa adecuada paneuropea es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los servicios de pago en Europa, especialmente con la aparición, en los últimos años, de nuevas tecnologías y actividades en este ámbito.
El Gobierno considera que resulta "imprescindible" la actualización de las normas que rigen los servicios de pago con el objetivo de cubrir algunas lagunas legales existentes o establecer con mayor claridad los supuestos de exclusión de servicios de pago prestados con carácter adicional.
El Ejecutivo sostiene que interesa valorar alternativas posibles para que exista un procedimiento de autorización de entidades de pago "más ágil y eficaz".
Por otro lado, se busca evitar las trabas y limitaciones que, en forma de recargos, existían en muchas ocasiones a la hora de utilizar determinados servicios de pago o buscar la mayor seguridad en los pagos.
El desarrollo de un gran mercado interior exige también que los usuarios y entidades tengan garantizada una adecuada protección en las operaciones que realicen, especialmente los ofrecidos electrónicamente, explica el texto consultado por Efe.
Por último, y para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, se establecen unas garantías adicionales a los usuarios, como es un procedimiento de reclamación, así como de resolución alternativa de litigios, que se ofrezca de forma "accesible y eficaz".
