Deloitte señala al Banco de España y la CNMV por la salida a bolsa de Bankia

La firma auditora Deloitte ha alegado hoy ante el juez Fernando Andreu que validó los estados contables de la salida a bolsa de Bankia siguiendo "en todo momento" las instrucciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tanto la empresa como su socio auditor Francisco Celma, que han comparecido en la Audiencia Nacional en calidad de investigados -antes imputados- por las irregularidades de los estados contables del debut bursátil de la entidad, han basado su defensa en sendas cartas fechadas en mayo de 2013 y abril de 2014.

En ellas quedaría patente que los trabajos de auditoría y consultoría se hicieron a instancias de los supervisores, lo que daría un nuevo giro al caso, ha explicado el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular.

Herzog, que ha considerado "anómalo" que no sea la Fiscalía Anticorrupción la que lleve el peso de la investigación, ha reiterado la necesidad de que el actual subgobernador del Banco de España y en el momento de la salida a bolsa vicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, sea llamado a declarar como investigado.

El CIC ya ha pedido este mismo mes mediante un escrito en la Audiencia Nacional que declaren como investigados el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez y Restoy.

Deloitte ha manifestado que las provisiones especificas pendientes de asignación, el "colchón" de Bankia, eran más que suficientes para hacer frente a la salida a bolsa, en contra de lo que sostienen los peritos judiciales.

Además, ha negado que la auditoría incurriese en la falta de independencia que le achacan las acusaciones dado que cuentan con los mecanismos de control necesarios "para evitar la contaminación interna" y porque al contar con el respaldo de los organismos supervisores se tratarían de trabajos "de interés general".

Sobre el expediente sancionador abierto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), vinculado al Ministerio de Economía, tanto Celma como Deloitte han explicado que la multa de 12 millones impuesta por falta de independencia se debió a la inexperiencia en el ámbito de la auditoría de los propios representantes de ese organismo.

Celma ha argumentado ante la sala que la sanción impuesta a Deloitte en 2014 "es un contrasentido" ya que tanto la firma como él son expedientados por un organismo oficial, el ICAC, por haber prestado unos servicios profesionales solicitados por otro organismo del Estado, la CNMV.

Además, ha recordado que está pendiente del recurso interpuesto ante el Ministerio de Economía hace casi dos años, una demora por la que Celma ha mostrado su extrañeza ya que, según ha explicado, el plazo medio de resolución en estos casos es de tres meses.

Según han informado hoy fuentes jurídicas a Efe, también ha cargado en su declaración contra la subjetividad de los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a esta causa y ha señalado la existencia de incongruencias en los informe aportados por éstos ya que no coinciden ni en las causas de los supuestos errores en el grupo BFA-Bankia ni en los importes.

En concreto, el auditor ha criticado las inconsistencias de los diferentes peritajes especialmente por haber ocultado la corrección de sus estimaciones iniciales en más de 400 millones.

Por ello han rechazado la versión de quienes les acusan de haber contribuido a la "estafa de Bankia" ya que el propio supervisor en ningún caso señaló tras su revisión contable la existencia de error alguno en las cuentas de la entidad de marzo o junio de 2011 que no hubiese sido detectado por los auditores.

La imputación de Deloitte y Celma se produjo después de que las acusaciones populares de la CIC y el movimiento '15MpaRato' lo solicitaran en varias ocasiones, aportando como base el informe de los peritos.

En ese documento, los expertos reiteran que los estados financieros recogidos en el folleto de la salida a Bolsa informaron de unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones que consideran falsas.

Asimismo indican que el trabajo elaborado por la firma "no era independiente" al haber participado en la preparación de una contabilidad que después auditó.

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