De la unidad a la venta al Santander, los 108 días de Saracho en el Popular

A las puertas de su ocaso, el todavía presidente del Banco Popular Ángel Ron apelaba al debate interno para salvar una entidad histórica que por entonces -enero de 2017- se tambaleaba por las dudas sobre sus cuentas anuales.

"Hay que apoyar a Emilio Saracho", sentenciaba en la primera reunión del año, en la que pedía unidad en torno a su sucesor, criado en la "City" pero al que sus años en la banca de inversión no sirvieron para frenar la resolución del Popular 108 días después.

Saracho heredaba una entidad cargada de activos inmobiliarios y con unas desviaciones "de casi 900 millones de euros en resultados y más de 1.000 millones en provisiones", que atribuían a la inspección del BCE y a la nueva normativa del Banco de España.

Así consta en las actas del consejo de administración, a las que ha tenido acceso Efe y en las que figura cómo el entonces secretario, Francisco Aparicio Valls, pedía cuidado "para evitar que se considere responsable al banco".

El 1 de febrero, tales diferencias caldeaban los ánimos de los consejeros, que descargaron la responsabilidad de revisar los resultados en unas comisiones de auditoría y de riesgos que subrayaron no disponer de "información diferente" a la del consejo.

Entre los asistentes, el socio auditor de PwC Pedro Barrio, quien sostenía que el cierre de 2016 era "correcto", y aseguraba que avalaría las cuentas sin salvedades" aunque con un breve párrafo adicional relativo a los niveles de capital.

Incluiría así más tarde el "párrafo de énfasis" en el que advertía de "factores de incertidumbre" que "podrían conducir a provisiones o deterioros significativos durante 2016".

Apenas 48 horas después, el Popular sorprendía al mercado con pérdidas récord de 3.485 millones, muy superiores a las esperadas.

Con Saracho al frente, la comisión de auditoría informó en abril de que tras los últimos contactos con la entidad y los expertos de PwC, la CNMV "consideraba adecuado que no se reformulasen las cuentas de 2016".

Aún así, el organismo, partidario hasta entonces de la reformulación, exigía que los auditores ratificaran su opinión favorable acerca de los estados a 30 de junio, en los que ya deberían aparecer reflejadas las cifras de la reexpresión.

Un día después, el banco comunicaba al mercado la corrección, que causaría un impacto de unos 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.

Aquella tarde, el IBEX 35 castigaba al Popular con una caída del 10,4 % en una suerte de antesala para que las agencias de calificación hundieran al banco en el "bono basura".

Pese a las nuevas pérdidas de 124 millones afloradas a finales de mes, el Gobierno reiteraba su confianza en una entidad sin problemas de liquidez y "solvente", como expresaron hasta en cinco ocasiones en quince días, entre otros, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos.

Mensaje de calma al que permanecían ajenos los clientes, que en febrero habían retirado 789 millones en depósitos, con lo que los ahorros confiados al banco habían caído un 10 % desde que Ron anunció su marcha.

Con todo, el banco descartaba una "fuga de depósitos", si bien su consejero delegado Ignacio Sánchez-Asiaín reconocía en el consejo del 18 de mayo que "la velocidad en las salidas se ha acelerado desde el día 12", hasta perder 2.085 millones en cuatro días.

Para ese momento, el consejo estudiaba la carta de la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, contraria a conceder el mismo tratamiento que a entidades como la italiana Monte dei Paschi, que recibió 5.400 millones de dinero público.

Una misiva "insólita" con una "amenaza muy clara", según el consejero José Francisco Mateu, que abocaba a la resolución, lo que demostraría que la solución "excede de las competencias de la entidad".

La coyuntura no hacía sino aumentar la "frustración" de Saracho que, pese a verse abocado a la ventanilla de liquidez del BCE, defendía la solvencia de la entidad, que paralelamente perdía a uno de sus accionistas de referencia, Crédit Mutuel.

La "tranquilidad absoluta" a la que llamaba el Ejecutivo se rompía la tarde del 6 de junio, cuando el consejo, tras constatar la gravedad de la caída de los depósitos y que la formulación de las cuentas semestrales desvelaría un "incumplimiento significativo de las ratios de solvencia", declaraba la inviabilidad.

Mientras los españoles discutían sobre la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy, el Banco Popular se desangraba.

Una situación crítica que estalló la madrugada de aquel día 7 de junio, cuando Europa hizo historia al resolver por vez primera una entidad que, para el desayuno, había sido adquirida por el Santander al precio de un euro.