Una huelga de juzgado de guardia
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De la misma manera que el presidente del Gobierno era hasta no hace mucho el político conocido como Pedro Sánchez, aquel hombre sin destino ni principios al que se refiere de memoria Carmen Calvo, la ministra de Justicia no pasaba de ser el pasado mayo -cuando la primera huelga en los juzgados- la fiscal conocida como Dolores Delgado, vocal del Consejo Fiscal por la cuota correspondiente a la Unión Progresista de Fiscales. Entonces, y junto a la actual fiscal general, uña y carne, se manifestó a las puertas de la Fiscalía General del Estado para defender sus derechos laborales y denunciar la politización de la Justicia. Ya ha llovido.
Lo primero que pedían -una mejora salarial a jueces y fiscales, gente de la calle- no alcanza los estándares populistas que exige Podemos para venderlo a sus inscritos y al público en general como mercancía electoral, por no ajustarse a los patrones de la precariedad homologados por la izquierda. Lo segundo, criticar la injerencia del poder político en la Justicia, es como lo del que se quejaba de lo amarga que es la vida mientras se comía el culo de un pepino, un desahogo por parte de quienes no tienen pudor en autodefinirse y equiparse como conservadores y progresistas y en ingresar en las corporaciones, perfectamente alineadas y en orden de salida, de las que se nutren de forma inequívoca y directa los grandes partidos -también Podemos, nuevo en esta plaza- para renovar los órganos judiciales. Dolores Delgado, la fiscal que fue progresista y se manifestó hace seis meses a las puertas de la Fiscalía General, fue ayer a darse una vuelta a Estrasburgo, para hablar de igualdad de género y quitarse de en medio.
Los que ayer se hacían cruces a las puertas de los juzgados por los mensajes de Ignacio Cosidó sobre el control «por detrás» de la Sala Segunda del Supremo son los mismos que militan en unas organizaciones de jueces y fiscales en las que la politización adopta la forma de una carrera de méritos, cómplices necesarios y beneficiarios del mismo mal que denuncian. Las injerencias que afectan a la Justicia quizá pasen por el Congreso y terminen en el Supremo, pero empiezan entre quienes con los ojos vendados se autodenominan progresistas o conservadores. Ahora que Podemos está en la pomada, el reparto y el encaste, va a ser más fácil subirles el sueldo que despolitizarlos.
