Un funcionario «chantajeado» colaboró en el registro de las sedes

21 de octubre de 2015. La Guardia Civil estaba en pleno registro de la sede de la empresa pública «Infraestructures de la Generalitat de Catalunya» cuando en el Grupo de Delincuencia Económica se recibió una llamada anónima desde un teléfono del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de Barcelona. El informante quería hablar del registro que se estaba llevando a cabo. Contó que en los ordenadores de los técnicos de edificación y obra civil había documentos con las puntuaciones reales para optar a una licitación, según la documentación aportada por las empresas, pero que esas puntuaciones subían a Gerencia donde se modificaban y volvían a remitirse a los técnicos para que las certificaran como definitivas. Es decir, explicó cómo se alteraban los expedientes para conceder las obras a donantes de CDC, parte fundamental en la dinámica de las mordidas.

El comunicante, cuya identidad no se desvela, relató también que en la época del tripartito se dio orden de destruir todos los sobres anteriores a 2006 y señaló al director general de «Infraestructures.cat» Josep Antoni Rossell como la persona de contacto y «mano derecha» de Germà Gordó (fue la primera vez que el cargo público de Convergència apareció en las pesquisas). Eran las dos de la tarde y el informador dio más datos como los nombres de algunos técnicos. Cinco minutos después volvió a llamar. «Los técnicos están muy quemados», dijo. «Si se los separa uno a uno, facilitarán voluntariamente la información» y aportó más nombres. En esa segunda comunicación acabó confensando que se sentía «chantajeado por esta gente» y que le estaban haciendo la vida imposible, aunque no era culpable de nada.

A las 14.45 los agentes recibieron la tercera llamada. El informador les proporcionó una lista de temas para preguntar a Rossell, que ya estaba detenido, sobre supuestas prácticas irregulares para adjudicar obras a empresas de Lleida. Pidió que su nombre no apareciera en ningún sitio. A las 15.05 volvió a llamar y concretó quiénes enviaban los cuadros con la puntación modificada. La fuente era excelente, como comprobarían los investigadores en el análisis de la documentación, en la que aparecían cientos de puntaciones cambiadas y modificaciones manuales, según el sumario.

En esa entrada y registro, en la calle Vergos 36 de Barcelona, se tomó declaración a varios trabajadores, entre ellos el jefe de la oficina técnica de valoración, Jaume Cortasa. Los agentes le preguntaron si había recibido alguna instrucción acerca de ajustar un criterio técnico de valoración dentro de los márgenes admisibles para facilitar una determinada oferta. Su respuesta fue que sí y que esas instrucciones emanaban de sus dos superiores: Josep Antoni Rosell Polo y Juan Lluis Quer. A continuación, en una diligencia fechada dos días después, los investigadores señalan con rotundidad la dinámica delictiva investigada: conceder la contración pública a determinadas empresas que después asumían contraprestaciones en forma de pago de comisiones. Y eso, señalan, exige «la existencia de algún tipo de actuación por parte de los poderes adjudicadores». El tiempo y las pesquisas les cargarían de razón.

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