Un boicot violento a la libertad de prensa

Desde el pasado viernes, la protesta violenta de un pequeño grupo de transportistas está dificultando la distribución de todos los periódicos que se venden en la Comunidad de Madrid, dañando así a los miles de lectores de los diarios y a los profesionales que trabajan en esos medios. El boicot, que están llevando a cabo por la fuerza 240 repartidores, vulnera además la libertad de expresión y de prensa, un principio constitucional inalienable. Los transportistas son trabajadores autónomos que prestan sus servicios a la empresa distribuidora Boyacá, que califica sus tarifas de «privilegiadas y fuera de mercado». Cada uno de esos repartidores factura 4.500 euros mensuales, trabajando solo quince días al mes y cuatro horas por jornada. Son unas tarifas totalmente desorbitadas dentro de un sector que en los últimos años ha acometido importantes medidas de reestructuración y ahorro. Contrastan además fuertemente con las que imperan en el resto de España. Los repartidores madrileños perciben 300 euros por ruta, mientras que en Barcelona, la segunda ciudad con mayores tarifas, cobran 110 euros. El contrato en vigor entre los transportistas y Boyacá expira a finales de agosto, lo que ha llevado a los repartidores a iniciar una protesta violenta, que incluye asaltos a quioscos, ruedas de vehículos pinchadas, destrucción de periódicos y revistas y actos de intimidación física.

Javier Moll, el presidente de AMI, la asociación de los editores españoles, considera que la actuación de los piquetes es «inaceptable» y «supone un ataque frontal e intimidatorio al derecho a la información, que una sociedad libre y democrática no debería permitir». Los quiosqueros han expresado también sus quejas: «Nos están hundiendo». Los transportistas, que nunca ganarán su apuesta violenta, deben rectificar de inmediato y respetar las libertades de prensa y mercado.

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