Un alto cargo de la Junta, citado ante la juez por supuesto acoso laboral
Cuando Rafael Moreno fue nombrado en 2015 director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta, la tormenta estaba[…]
Cuando Rafael Moreno fue nombrado en 2015 director general de Políticas Activas de Empleo de la Junta, la tormenta estaba servida. La oposición en el Parlamento no tardó en reprochar a la presidenta Susana Díaz que eligiera a una persona del partido que arrastraba tres condenas y que tras casi dos décadas al frente del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe dejara las arcas públicas muy tocadas con una deuda millonaria y una plantilla municipal soliviantada al sufrir atrasos en el cobro de sus nóminas.
Pero el salto del Ayuntamiento a la Administración regional no le ha supuesto mayor tranquilidad judicial a Rafael Moreno, quien está siendo investigado por una denuncia de un policía local, ya retirado por incapacidad, que le acusa de acoso laboral durante el tiempo que fue su superior en el Consistorio aljarafeño. Ese procedimiento judicial, que avanza muy lentamente, entra en los próximos días en una fase vital con la declaración de este alto cargo ante la juez.
El exagente municipal que lo ha denunciado ya le ganó un pleito que desembocó en una condena por una falta de injurias en 2011. Según consta en la sentencia dictada por el juzgado mixto número 2 de Sanlúcar la Mayor, Rafael Moreno llegó a acusar al policía de «muy mala persona», «matón de barrio» y «pirómano» que «calienta a la gente a base de mentiras». Este rosario de insultos los difundió a través de la red social twitter.
Condena por injurias
En 2015, el agente volvió a denunciar al que fuera su superior, que en ese año abandonó el Ayuntamiento tras no presentarse a una nueva reelección, porque asegura que la situación de atosigamiento contra su persona empeoró a raíz del fallo judicial. La representación letrada de este funcionario retirado explica a ABC que decidieron emprender acciones judiciales contra el exalcalde cuando la Seguridad Social le reconoció al denunciante una incapacidad permanente absoluta derivada de sus trastornos de tipo depresivos. Para el denunciante era la prueba que necesitaba para llevar de nuevo ante los tribunales a Rafael Moreno, quien en el mismo año que era denunciado por cuarta vez, progresaba profesionalmente como director general de la Junta.
La lentitud judicial que soportan muchos órganos de la provincia sobrepasados por la carga de trabajo, como los juzgados de Sanlúcar la Mayor, ha provocado que dos años después de presentarse la denuncia la juez cite al actual alto cargo de la Junta en calidad de investigado.
Secuelas psicológicas
En la providencia dictada el pasado mes de octubre por la juez Teresa Cuberos Escobar, la instructora explica que la decisión de citar al exalcalde de Huévar obedece al informe forense que se incorporó a la causa en septiembre pasado. Lo firma un facultativo del Instituto de Medicina Legal.
Este periódico ha podido consultar las conclusiones que alcanza el especialista tras entrevistarse con el denunciante. El médico diagnostica un trastorno afectivo severo con síntomas de corte psicótico como alucinaciones. Una situación clínica que según el forense limita el día a día del exagente.
Tras estudiar el caso, el forense determina que ese estado mental se ha ido desarrollando en los últimos años y es fruto de una predisposición constitucional que ya arrastraba el denunciante antes de tener el enfrentamiento con Rafael Moreno; pero también, el médico forense observa una influencia en el conflicto laboral prolongado que sufrió el expolicía. Unas vivencias laborales que el especialista tilda de «desagradables».
En la denuncia que planteó hace dos años explica que a raíz de 2010, la relación con el entonces alcalde Huévar que había sido hasta la fecha normal, se tornó complicada por las reivindicaciones de carácter laboral que la plantilla de la Policía realizaba. Fue en ese momento cuando comenzaron las publicaciones injuriosas en internet de las que ya fue condenado Rafael Moreno.
El detonante
Ese fallo judicial, señala la denuncia, fue clave para que empeorara la situación del denunciante, quien acusa al actual director general de la Consejería de Empleo de dejar de abonarle el salario. «No sólo tenía que soportar y afrontar la presión y carga psicológica brutal por parte del denunciado, sino que además, éste aprovechándose de su posición como superior jerárquico, mermó las facultades económicas de mi cliente», señala en su escrito el abogado José Luis Buenestado.
Finalmente, este policía pudo recuperar sus emolumentos, subraya la denuncia, acudiendo a la vía contenciosa. La Justicia le volvió a dar la razón, condenado al Ayuntamiento.
Este cúmulo de circunstancias hizo mella en el estado mental del policía que con 57 años abandonaba el Cuerpo en 2015. Este funcionario responsabiliza de su final profesional a Rafael Moreno.
