Suceso puntual

De «suceso puntual» ha calificado el otrora juez Marlaska el acto vandálico que unos facinerosos perpetraron en casa del juez Llarena. Son unas palabras indecorosas que deberían avergonzar a Marlaska, que conoce bien las zozobras y angustias que invaden el ánimo de los jueces, cuando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales tienen que adoptar decisiones con temibles ramificaciones políticas. En los días en los que aún no se había dejado engatusar por los cantos de sirena del doctor Sánchez, Marlaska soliviantó con sus decisiones a los separatistas (me viene a la memoria, por ejemplo, el cierre de alguna «herriko taberna») e incluso a los gobernantes (pienso, por ejemplo, en el celebérrimo caso «Faisán»). Marlaska no es, pues, un pipiolo que desconozca los riesgos personales que asume un juez.

Quienes han tratado a Marlaska aseguran que los riesgos que en su día asumió no fueron dictados por la valentía, sino por un inmoderado afán de notoriedad; pero, como reza la sentencia clásica, «De internis, neque ecclesia». Aquí lo que nos importa subrayar es que Marlaska ha probado en sus propias carnes la expuesta posición en que se halla un juez, cuando -casi siempre a su pesar- se ve envuelto en turbulencias políticas. Y, por lo tanto, sabe cuánta cobardía, cuánta lenidad y vileza destilan sus palabras, cuando califica como «suceso puntal» el acto vandálico perpetrado en casa del juez Llarena. No es la primera vez que Llarena es amenazado o intimidado por separatistas energúmenos: diversas pintadas callejeras han puesto su nombre en la diana, con su efigie se han hecho carteles acusadores, ha sido increpado y hostigado mientras disfrutaba de una velada con amigos y allegados, incluso ha tenido que soportar que su esposa sea insultada por gentuza rezumante de odio. Y todos estos hostigamientos han sido acompañados (y a veces precedidos) por incendiarias declaraciones de líderes separatistas, que han estigmatizado al juez y enardecido a la chusma. El otrora juez Marlaska sabe mejor que nadie que Llarena se halla en una posición extraordinariamente delicada; y sabe que actitudes ponciopilatescas como la suya agigantan su soledad e indefensión, debilitan la fortaleza del Estado y envalentonan a las alimañas. Los ataques a Llarena, por lo demás, no son una «situación puntual». Son muchos los jueces destinados a Cataluña que protestan por el clima de hostilidad en el que desarrollan su trabajo y la muy precaria (o inexistente) protección que se les brinda. Y son bastantes las plazas vacantes en juzgados catalanes que nadie quiere cubrir.

No es la primera vez, sin embargo, que miembros del gobierno de pitiminí presidido por el doctor Sánchez adoptan actitudes tibias, reticentes o pasivas en la defensa del juez Llarena, queriendo «escenificar» una distancia con los criterios jurídicos que esgrimió para procesar a los responsables de la crisis catalana. Pero quienes ostentan las más altas magistraturas del Estado están obligados por responsabilidades institucionales que deben anteponer a sus criterios personales. Y entre esas responsabilidades se cuenta respaldar la labor de los jueces, que es la que a la postre garantiza el imperio de la ley. Allá donde un ministro califica de «situación puntual» el hostigamiento a un juez podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nos hallamos ante un Estado fallido.

Marlaska debería saber que, cuando uno empieza lavándose las manos ante la injusticia, acaba permitiendo la crucifixión del inocente.

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