Raquel Gago apela a la «confianza» para poder seguir en libertad

Raquel Gago regresó ayer a la Audiencia Provincial de León. En la misma sala en la que se desarrolló el juicio por el crimen de Isabel Carrasco y en la que el jurado popular le declaró culpable como cómplice del asesinato, la acusada tomó de nuevo la palabra y lo hizo para solicitar la «confianza» a los tres magistrados que presidían la vista para que no entrara inmediatamente en prisión. Entre lágrimas, expresó su deseo de continuar en libertad provisional hasta que se resuelvan los pertinentes recursos una vez se conozca la sentencia. «Consideren lo que ha dicho mi abogado, con el que estoy completamente de acuerdo, y piensen en ello», reclamó.

La vista había sido convocada con la finalidad de resolver sobre la petición del Ministerio Público y de las acusaciones particulares y popular de que su ingreso en prisión se llevara a cabo con urgencia. El fiscal, Emilio Fernández, recordó que el jurado popular la consideró «culpable» por mayoría de tres delitos: asesinato en grado de cómplice, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, por lo que se solicitaron para ella penas que oscilan entre los diez años de cárcel propuestos por su defensa y los 15 demandados por las acusaciones. «Dada la evidente gravedad de lo expuesto, lo insólito sería que permanezca en libertad y lo que el sentido común dice es que se tomen medidas cautelares», advirtió Fernández al tiempo que puso de relieve la posibilidad de que exista un «riesgo de fuga», ya que si bien hasta ahora la acusada tenía «la expectativa más o menos fundada de que podía ser absuelta o cumplir una pena menor», ahora ésta se ha esfumado.

En su intervención -refrendada por el resto de acusaciones- el fiscal consideró también, que aunque se interpongan recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Supremo, estos implicarían una revisión «mínima» respecto a lo acordado por el jurado al que se confió «hacer justicia». Algo en lo que discrepó el abogado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, quien mostró su «plena confianza» en que los recursos a la sentencia que aún no ha sido dictada prosperen en base a que, en su opinión, «hay una ausencia de motivación absoluta en las dos páginas y media en las que se fundamenta el veredicto»

Guerrero rechazó también que exista un «riesgo de fuga» teniendo en cuenta que en el tiempo que Raquel Gago lleva en libertad (desde el 29 de enero de 2015) ha cumplido con su cita semanal en los Juzgados y exhibió ante los magistrados las cerca de 6.000 firmas recabadas en dos días en una campaña promovida por sus allegados en la que se pide que no vaya en la cárcel hasta que exista una sentencia firme. Las firmas no fueron aceptadas por el magistrado presidente, que aseguró que basarán su resolución «exclusivamente en fundamentos jurídicos», pero sí tendrán en cuenta un certificado médico del centro de salud de Valdemoro, al que acude Gago debido a su «ansiedad» y en el que se recomienda «que siga en tratamiento».










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