«Que tenga antecedentes no significa que no tenga derecho a la defensa»

Sito Miñanco ha llegado este martes en torno a las 9.30 de la mañana a la Audiencia de Pontevedra para enfrentarse a su cita con el juez. Y lo ha hecho procedente de la prisión de A Lama desde donde denunció un «trato vejatorio». Tanto es así que el narco gallego decidió el pasado fin de semana iniciar una huelga de hambre para evidenciar estos presuntos abusos carcelarios. Botella de agua en mano y con la cabeza gacha, el acusado se ha sentado en el banquillo a las 11 de la mañana para escuchar cómo su abogado ponía en tela de juicio el secreto profesional de su defensa. «A mi defendido lo han estado moviendo por toda España y se nos ha prohibido preparar con él la defensa de este juicio durante el fin de semana. Además, cuando hemos podido reunirnos con él, nuestra estrategia de defensa ha estado en manos del personal de seguridad durante más de media hora... no todo vale. Que tenga antecendentes no significa que no tenga derecho a la defensa» ha manifestado el letrado.

En la misma línea, la defensa de Miñanco, que se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel por un delito de blanqueo, ha resaltado que los hechos que se le imputan han prescrito y que en este caso «se ha investigado a personas, y no hechos». En silencio y con la mirada puesta en el suelo, el cambadés ha asistido impasible a esta defensa. El juicio prosigue con la defensa de su exmujer, también en la sala junto a su hija y a un excuñado. Este es el único proceso que Miñanco tenía pendiente en el momento de su última detención a inicios de febrero.

Según el escrito de acusación del fiscal, el cambadés «se dedicó en la década de los años ochenta y noventa del pasado siglo a traficar con sustancias estupefacientes», unas actividades que le permitieron hacerse «con una importante cantidad de dinero».

En base a estos ingresos, Miñanco habría destinado dinero procedente del tráfico de drogas a la adquisición de viviendas en distintas localidades de la provincia de Pontevedra. A estas adquisiciones se suman naves, locales, garajes y hasta un lavado de coches, apunta la Fiscalía en un detallado escrito. Sobre la familia del narco, también salpicado por la gestión de esta inmobiliaria, el fiscal apunta que «contó con la ayuda de personas de su entorno» para «que esas cantidades de ilícita procedencia tuvieran acceso al mercado legal».

Además de estas actuaciones, Fiscalía también relata las acciones realizadas a través de la sociedad Jolva, constituida en 1988 por parte de la inmobiliaria San Saturnino representada por Sito Miñanco y por la mercantil JAM S.L., al 50 por ciento cada uno de sus socios. En esa misma fecha, la sociedad ya compró un terreno de 12.906 metros cuadrados frente a la playa de Montalvo, en el municipio de Sanxenxo (también bajo la lupa en la nueva investigación judicial de la Audiencia Nacional desplegada este mes de febrero).

Huelga de hambre

En la víspera de su cita con el juez, el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo se declaró en huelga de hambre como protesta por el trato «vejatorio» recibido en la cárcel de A Lama (Pontevedra) a la que fue trasladado para asistir en la Audiencia Provincial al juicio por blanqueo de capitales. Así, Sito Miñanco envió el sábado un escrito a Instituciones Penitenciarias anunciando que había iniciado una huelga de hambre indefinida, según confirmaron a Europa Press fuentes penitenciarias, que explican que al interno se le aplicará el protocolo de vigilancia en vigor para estos casos.

El narcotraficante, que se encuentra en prisión provisional de nuevo tras ser detenido por la Policía Nacional, remitió el mismo escrito a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro.

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