Oleguer Pujol recogió en sus agendas manuscritas su operativa de blanqueo

Oleguer Pujol, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata retiró el jueves el pasaporte y obligó a presentarse cada quince días en el juzgado, había anotado en sus agendas personales manuscritas las claves de la operativa de blanqueo de dinero de las millonarias comisiones recibidas por la operación de compraventa de 1.152 oficinas comerciales del Banco Santander por 11.500 millones de euros. Estos documentos no solo confirman las investigaciones de la Policía, sino que además acotan el periodo temporal concreto en el que se desarrollaron estas actividades. Y lo que es aún más importante, identifican a las personas que realmente hicieron las gestiones. El investigado, en su declaración, admitió que él escribió esas notas.

Estas anotaciones y su correspondiente análisis figuran en un informe de la UDEF enviado al juez el 26 de abril del año pasado que el propio De la Mata destaca como un hito en el avance de las investigaciones sobre Oleguer Pujol. Con el documento, la Policía daba prácticamente por reconstruida la operativa del cobro de comisiones relacionadas con la compraventa de los inmuebles de la citada entidad bancaria.

Tesis del juez

Para los investigadores -y es una tesis que asume el juez instructor-, «queda acreditado que las personas físicas beneficiarias de los fondos se concertaron para, mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados, impedir que la Hacienda Pública fuese conocedora de la percepción de los mismos».

«Para este fin -añade el informe de la UDEF- habrían contado con el asesoramiento de varios expertos y la puesta a su servicio de las sociedades Marway B.V y Ard Choille B.V. controladas por Jacob Broers y John Willeken Macdonald a través del Grupo ITPS», con sede en Holanda. Estas personas habrían recibido una comisión por sus servicios -la canalización de los fondos de las comisiones a través de sus sociedades- del 2,2 por ciento del volumen total del dinero que movieron, lo que les habría reportado unos beneficios de al menos 253.000 euros.

«En cuanto a las personas físicas beneficiarias -dice la UDEF- ha quedado constatado que Oleguer Pujol Ferrusola y Luis Iglesias Rodríguez Viña recibieron 5.089.512, 63 euros a través de la sociedad Aegle International procedentes de Ard Choille B.V». Y añade que «en relación a las personas beneficiadas de los fondos canalizados a través de la sociedad Marway B.V., se ha indicado que formalmente habrían sido Gabriela de la Rosa Misol (hija del empresario Javier de la Rosa) a través de Barcem LTD, y José María Villalonga Bardella al parecer a través de la sociedad Davenport Trading Group Limited». (Ver gráfico)

Los investigadores llaman la atención sobre el hecho de que «no existe un solo dato que indique que Gabriela de la Rosa realizó servicio de asesoramiento alguno en la operación conocida como proyecto Brick. Este hecho, unido a que su actividad profesional es ajena a la propia de los gestores financieros o inmobiliarios, lleva a pensar que la designación de la misma como beneficiaria de parte de los fondos canalizados a través de Marway B.V. no es más que la última medida de protección del beneficiario real de los mismos».

De hecho, para identificar a la persona que realmente recibía ese dinero hay que remitirse a las agendas de Oleguer Pujol, que como ya se ha dicho son la clave para conocer exactamente quién hizo qué, y por lo tanto quién cobraba. Y las dos personas de la familia De la Rosa que hicieron gestiones fueron Javier de la Rosa y su hijo, del mismo nombre. Este último era el nexo de unión entre el fondo de inversión y las personas que tendrían acceso a quienes tenían capacidad de decisión en el Banco Santander. Una de ellos era precisamente su padre, que tal como ha reconocido mantuvo conversaciones con los máximos responsables del banco y, según consta en una de las anotaciones de Oleguer Pujol, «se mojó en el asunto». No consta, en cualquier caso, que el conocido financiero catalán cobrara una comisión por su mediación.

«Papel similar»

«Un papel similar -dice la Policía- desarrolló José María Villalonga Bardella con la salvedad de que esta persona tendría algún tipo de relación laboral con el propio banco, ejerciendo de representante de la entidad en la realización de compraventas inmobiliarias en el mismo periodo temporal en el que se desarrolló la operación».

Este informe, y algunos otros, además de la reiteración en las operaciones de ocultamiento de dinero -la penúltima, el cobro en 2015 en Miami de parte de la comisión por la venta del edificio de Gran Vía 32, sede de Prisa, aunque hay indicios de otras más recientes-, llevaron a Anticorrupción a pedir por primera vez prisión incondicional del miembro más joven del clan de los Pujol.

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