Montoro culpa a las autonomías del déficit y baraja medidas coercitivas
El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la legislatura con un déficit del 5,16% del Producto Interior Bruto en 2015, unos[…]
El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la legislatura con un déficit del 5,16% del Producto Interior Bruto en 2015, unos 10.000 millones de euros más que el objetivo del 4,2% apalabrado con la Comisión Europea. En dinero contante y sonante, la desviación negativa entre los gastos y los ingresos de las administraciones fue de 56.061 millones de euros sin contar 547 millones en ayudas a la banca, según desgrana el INE. Esto supone más de un 5,1% del PIB y el 5,24% si se contabilizan la asistencia a instituciones financieras.
Las comunidades autónomas rebasaron en casi un punto su objetivo de déficit (0,7%) y cerrarron con un desfase del 1,66%, nueve décimas menos que en 2014. El otro sospechoso habitual que ha incumplido ha sido la Seguridad Social, con un desvío del 1,26% frente a su objetivo del 0,6%.
Gobierno Central y los ayuntamientos cumplieron con creces, pero no pudieron compensar el desvío de las otras administraciones. La Administración del Estado cosechó un déficit del 2,7% (frente al límite del 2,9%) y las corporaciones locales recogieron un superávit del 0,44% del PIB.
De esta forma, España redujo su déficit público en 4.711 millones de euros frente a 2014. Entonces la desviación fue del 5,8% del PIB y cumplió el objetivo de Bruselas. Para este año, España debe ajustar unos 24.000 millones de euros para adecuarse al límite marcado por la Comisión Europea, del 2,8% del PIB.
El Gobierno aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad para controlar las cuentas de las autonomías y que no se repitiera la situación, pero las medidas aplicadas ?que no desarrollan todas las que incluye la norma, como sanciones o la intervención? no han sido suficientes.
El déficit público final supera todos los pronósticos oficiales, incluso los del propio Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, señaló hace un mes que el desfase alcanzaría el 4,5% del PIB y la Comisión Europea lo situaba en un 4,7%.
Gran parte de la desviación obedece a operaciones recurrentes, no previstas en un inicio, y que han aumentado el desvío fiscal: por un lado la aparición de un déficit oculto en la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Zaragoza por contratos públicos- privados anteriores a 2010, que junto a otras partidas relacionadas elevaron el déficit en 2.337 millones. En segundo lugar los 1.094 millones derivados del tratamiento por la hepatitis C al que hicieron frente las comunidades. Sin ambos gastos, el déficit se hubiera ido al 4,8%, por lo que también habría superado las previsiones.
Montoro remite una carta a las comunidades
El Estado tratará de embridar a las comunidades autónomas siguiendo las recomendaciones de Bruselas siguiendo la Ley de Estabilidad. Como ha anunciado el ministro de Hacienda en rueda de prensa, la primera medida aprobada por la Comisión de Asuntos económicos se ha plasmado en una carta remitida por el propio Montoro a las regiones. En ella pide que los gobiernos autonómicos acuerden cumplir la regla de gasto público, es decir, que no aumente del 1,8%, una tasa referenciada al crecimiento de este año.
De lo contrario, el Ejecutivo adoptará las medidas coercitivas que contempla la ley de Estabilidad y que incluyen sanciones y la intervención. Montoro ha rechazado, no obstante, que el Gobierno en funciones vaya a llegar a estos extremos. De momento, los interventores, que dependen del ministerio, informarán mes a mes de que las cuentas de las comunidades autónomas se adecúan a los límites del Estado.
Con la ley en la mano, el Gobierno podría intervenir. Como ha aclarado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, Hacienda ya ha advertido a las comunidades en varias cartas anteriores. Pese a ello, solo tres comunidades se adecuaron al objetivo: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69% ). El resto lo incumplieron. Cuatro regiones incluso lo triplicaron. Cataluña fue la que presenta unas cuentas públicas menos saneadas, con un desvío del 2,7%, seguida de Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%, aunque sin depurar el gasto por las reparaciones de Lorca), Valencia (2,51%) y Aragón (2,13%).
Si el Gobierno no ha adoptado mayores controles sobre las autonomías previamente, en palabras de Montoro, ha sido por el calendario electoral y la tardía formación de los gobiernos regionales. "Alguna comunidad en septiembre estaba pensando en convocar elecciones más que en el cumplimiento", ha abundado, en referencia a Cataluña.
Asimismo, Montoro ha denunciado que algunos ejecutivos regionales han planteado subidas de gasto no sostenibles :"Los nuevos gobiernos solo hablan de gastar y así, por ese camino, lo que hacen es perjudicar a la recuperación económica".
En cuanto a la Seguridad Social, Montoro propuso que el Pacto de Toledo apruebe una nueva forma de financiación de las pensiones. El aumento progresivo del gasto en jubilaciones junto a la reducción de las cotizaciones de los asalariados (debido a la bajada de los sueldos en los últimos años).
