Los Ruiz-Mateos no tenían solvencia para comprar hoteles, según el fiscal
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido este miércoles el inicio del juicio contra seis hijos[…]
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha acogido este miércoles el inicio del juicio contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en Gran Canaria. Se trata del Hotel Beverly Playa, ubicado en el municipio de Calviá, y del Hotel Beverly Park, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Inicialmente, también había sido imputado en esta causa el patriarca de la familia, que falleció en septiembre de 2015.
Se han sentado esta mañana en el banquillo Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, quienes en su condición de directivos de Nueva Rumasa están acusados de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad en documento mercantil. La Fiscalía pide siete años de prisión para cada uno de los seis hermanos porque, presuntamente, habrían aparentado «una solvencia en realidad inexistente» para que los dueños de ambos hoteles les vendieran su participación. El precio total acordado ascendió en su momento a 11,6 millones de euros.
Según el Ministerio Público, los acusados presentaron «garantías y avales personales que eran inveraces» para obtener la titularidad de los hoteles. «Una vez obtenida la entrega de los hoteles y siguiendo el plan diseñado, no pagaron el precio de la adquisición», señalaba el escrito de acusación de la Fiscalía, que este miércoles ha mantenido su posición.
La compraventa de ambos establecimientos se llevó a cabo en diciembre de 2008. Sin embargo, poco después de adquirir los dos hoteles y de hipotecarlos, los hermanos Ruiz-Mateos «hicieron desaparecer los fondos así obtenidos sin efectuar el pago del precio convenido». El dinero logrado habría sido destinado a «beneficio particular» de los seis acusados.
Por lo que respecta al pago fijado en su momento por todas las partes, los acusados sólo habrían atendido los vencimientos de los pagarés durante un año y cuatro meses. Así, desde abril de 2010 no habrían pagado suma alguna.
