Las Cámaras de Comercio pagaron a Equipo Económico por interceder con el Gobierno

La querella de Anticorrupción contra la cúpula de Equipo Económico y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, cuya interposición desveló ABC el pasado martes, incide en que el despacho que fundó Cristóbal Montoro vende su influencia con el Gobierno. La denuncia, de 29 páginas, se centra en el contrato que las Cámaras de Comercio adjudicaron «a dedo», sin concurso público, a Equipo Económico en marzo de 2012 por 216.000 euros (solo se abonó la primera fase, 90.000 más IVA). La Fiscalía sostiene que el contrato tuvo «un objeto indiciariamente simulado, dirigido presuntamente a retribuir con fondos públicos la intermediación de los socios de dicha mercantil con el Ministerio de Economía, para que se tramitase una nueva Ley de Cámaras de Comercio que garantizase la permanencia de las mismas».

El Gobierno de Zapatero había retirado las cuotas obligatorias que las empresas pagaban a las Cámaras. Para que el Gobierno impulsara una nueva ley, Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras, y Carmen de Miguel, directora general, recurrieron a Equipo económico «sin respetar la ley de Contratos del Sector Público».

«Simulación concertada»

La fiscal Carmen García asegura que las Cámaras estaban pagando por la influencia del despacho que fundó el actual ministro de Hacienda en 2006, del que salió en 2008, no sin antes trasladar sus acciones a su hermano Ricardo, uno de los siete querellados. Para enmascarar el verdadero objeto del «contrato espurio», se procedió a una «simulación concertada» que diera «apariencia legal». Pero «la investigación ha evidenciado que no se llegaron a presentar informes sobre todas las materias contempladas en el contrato y que los informes presentados, unos eran copia de los otros». La fiscal califica de «irreal» la prestación que recogía el contrato.

La querella recoge cuatro delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. Como avanzó ABC, se dirige contra el despacho como persona jurídica y siete personas físicas. Son los cinco gestores y socios de Equipo Económico: el presidente, Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno de Aznar; Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, que fue director general del Gabinete Técnico en Hacienda; Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria; y el citado Ricardo Montoro, que se quedó parte de las acciones de su hermano en 2008 y las vendió en 2012 al resto de socios, después del contrato investigado. Los otros dos denunciados son los mencionados Manuel Teruel y Carmen de Miguel.

Para que el Gobierno elaborara la nueva ley de Cámaras, los integrantes del despacho «se valieron presuntamente del hecho de haber ocupado en años anteriores importantes puestos en la Administración Pública y de su posibilidad de interceder con altos cargos públicos del Estado». La querella menciona correos electrónicos con documentos enviados por Manuel Teruel al entonces secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, «haciendo constar que eran redactados por Equipo Económico». La fiscal también incide en que la elaboración de un borrador de ley de Cámaras no es competencia de las propias Cámaras, sino del Ministerio de Economía.

La denuncia también sostiene que los documentos analizados muestran que «la iniciativa de contratar a Equipo Económico fue del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández».

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