El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado este lunes que el gobierno autonómico «no dedicó un solo euro al proceso». En su declaración ante el juez Pablo Llarena, que le ha comunicado su procesamiento por rebelión y malversación, Junqueras ha negado la existencia de ambos delitos, así como que lo sea la convocatoria de un referéndum.
Fuentes jurídicas señalaron que Junqueras, preso desde el pasado noviembre, ha negado la violencia en Cataluña durante los últimos meses y, como en declaraciones anteriores, ha incidido en su compromiso con las vías pacíficas. «Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia», ha dicho.
Junqueras ha inaugurado la fase de declaraciones indagatorias esta semana, un trámite procesal en el que el instructor informa al investigado de las razones que le llevan a proponer su enjuiciamiento. Junto con Junqueras hoy cumplirán este trámite los exlíderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Los tres llevan en la cárcel desde el pasado 2 de noviembre y, a juzgar por el último auto de Sànchez ?a quien el magistrado negó el jueves su libertad para acudir al Pleno del Parlament como candidato a la presidencia de la Generalitat?, no parece que vayan a recuperar pronto la libertad. Aunque no es una declaración propiamente dicha, sino que se trata de un mero trámite procesal, los investigados sí tendrán la oportunidad de manifestar ante el juez lo que consideren conveniente.
Día de comparecencias
Hoy comparecen ante el juez del Tribunal Supremo, además de Junqueras y «los Jordis», otros 22 procesados por el «diseño criminal» del 1-O en Cataluña comparecen hoy ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien les está comunicando su decisión de llevarles a juicio por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según los casos.
Mañana serán conducidos al Supremo los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, los tres en prisión desde el 21 de marzo, el día en el que les fue notificado el auto de Llarena; y el miércoles harán lo mismo los también exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Focardell. Como los anteriores, ellos también ingresaron en prisión ese día ante la gravedad de los delitos que se les imputan y un riesgo de fuga acrecentado por la huida, ese mismo día, de una de las investigadas considerada clave en el «procés»: la número dos de ERC Marta Rovira.
Una vez que los nueve procesados que están en prisión preventiva cumplan con este trámite, harán lo propio los siete investigados que están en libertad, a los que a lo largo de esta semana se les irá comunicando el día fijado para su indagatoria. Hay otros siete procesados huidos que obviamente no acudirán a esta cita.
Trapero reaparece
En paralelo, la juez Lamela ha citado para hoy lunes a los cuatro procesados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la inacción de los Mossos d´Esquadra durante los días 20 de septiembre ?el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de Barcelona? y el 1 de octubre, la jornada del referéndum ilegal. Se trata del exmayor de los Mossos Josep LLuis Trapero, la intendente Teresa Laplana, y los superiores jerárquicos de ambos: el jefe político de Trapero, Pere Soler, y el exsecretario de Interior César Puig, a las órdenes del exconsejero Joaquim Forn.
Acompañados por sus abogados, los tres mossos han llegado a la Audicencia entre las 8.20 y las 8.45 horas. Estuvieron en el juzgado poco más de 20 minutos y abandonaron la sede de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los periodistas.
Fuentes jurídicas citadas por EP indicaron que el acto ha sido meramente formal y se ha limitado a la entrega del auto. En este trámite se pueden hacer preguntas a los citados, que normalmente niegan ser autores de los delitos que se les imputan, pero en este caso ni la Fiscalía, ni la magistrada, ni las defensas han formulado cuestión alguna, por lo que los investigados no han hablado.
La magistrada procesó a Trapero, Soler y Puig por sedición e integración en organización criminal, mientras que a Laplana le atribuyó un delito de sedición en relación a los incidentes del 20-S. A juicio de Lamela, hubo un «plan premeditado» en el que los Mossos fueron instrumentalizados para incumplir la ley.
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