Guardar y hacer guardar la Constitución

Para ocupar cualquier cargo público de responsabilidad en España es preciso asumir previamente un compromiso solemne: guardar y hacer guardar la Constitución. Aunque desde hace demasiado tiempo se consiente que esa promesa o juramento se vea acompañado de coletillas tipo «por imperativo legal», la esencia de la fórmula no cambia. Quien acepta un escaño, una cartera ministerial, la presidencia de una comunidad autónoma o no digamos la del Gobierno, debe estar determinado a cumplir y hacer cumplir el marco legal democrático al que debe su posición. ¿En qué se convertiría cualquiera de esas plataformas de poder si quien fuese aupado hasta ella abdicara de esa obligación? En un instrumento obtenido merced a la voluntad ciudadana empleado de manera espuria para volverse en contra de ella. Ni más ni menos.

Guardar y hacer guardar la Constitución significa atenerse a sus normas. Significa ceñirse a los cauces que ella misma establece si lo que se pretende es cambiarla, sin trampas, atajos o engaños. Significa acatar las sentencias del Tribunal Constitucional, encargado de dirimir cualquier discrepancia en su interpretación. Significa, en definitiva, respetar el sistema que nos hemos dado para regir nuestra convivencia. Si la conducta de los de a pie ha de encuadrarse en el marco establecido por ese sistema, con mayor motivo han de atenerse a él quienes cobran de nuestros impuestos.

Viene esta introducción a cuenta de lo que empieza a otearse en el aire en relación a Cataluña y a ese «diálogo» ofertado nuevamente por Pedro Sánchez como respuesta al desafío planteado por el independentismo. Si ya resulta escandaloso que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlamento autonómico, Roger Torrent, se dediquen día sí día también a utilizar sus cargos y el dinero público para ofender al Rey y redoblar su apuesta soberanista, la cesión al chantaje por parte del Ejecutivo español resulta directamente intolerable. Y eso es precisamente lo que se deduce de la propuesta planteada por el actual inquilino de La Moncloa: regresar al estatuto recortado por el Constitucional en 2010. O sea, pasarse a dicho tribunal por el arco de su inconsistencia.

El texto revisado por dicho órgano fue objeto de modificaciones sencillamente porque no se ajustaba a los preceptos establecidos en nuestra Ley de leyes. Entre otras barbaridades, pretendía instaurar un poder judicial catalán independiente del español; es decir, soberano con respecto al que nos tutela a todos. ¿Está dispuesto el líder socialista a conceder tal prebenda a los separatistas con tal de apaciguarlos? ¿También a los vascos, que no tardarían ni un segundo en reclamar idéntico trato? ¿Y qué vendría después?

Lo que se avizora en realidad es una reforma constitucional en toda regla, destinada a hurtar al pueblo español la soberanía de la que es titular según los términos de la Carta Magna aprobada en el 78. Una reforma que se presentará como un avance «progresista» destinado a resolver el «conflicto» y lograr una convivencia armoniosa con quienes, lejos de ansiar tal cosa, abogan por la secesión. Una reforma que obtendrá sin lugar a dudas el respaldo de todos los grupos y grupúsculos que apoyaron la reciente moción de censura providencial para Sánchez. Él juró hace menos de un mes «guardar y hacer guardar la Constitución», cosa a la cual ya no parece tan dispuesto. Los candidatos a dirigir el PP harían bien en tomar una posición meridianamente clara respecto de esta cuestión crucial, porque no tardará en plantearse. Ese será el debate que ocupe los próximos meses y cada cual estará llamado a responder de la palabra dada.

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