¿Es justa la justicia?

En menudo lío se ha metido y nos ha metido la Audiencia de Navarra con sus dos decisiones sobre el caso La Manada. Por si fuera poco el revuelo armado al condenarles por «abuso sexual» de una joven que encontraron una madrugada de los Sanfermines, y no por violación, que conllevaría una pena mucho mayor, vuelve a armarla poniéndolos en libertad provisional hasta que haya sentencia definitiva. A los legos, que somos la mayoría, se nos hace difícil entender que se los retuviera encarcelados hasta celebrar el juicio y se los deje en libertad, por muy provisional que sea, una vez sentenciados. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que, por lo que oigo a los expertos, ambas decisiones se ajustan a Derecho. La explicación que se da es que no puede retenerse en prisión preventiva a nadie más de dos años hasta que su causa se falle definitivamente, y ellos llevaban ya ese tiempo en la cárcel, faltándoles el recurso ante el Tribunal Superior de Navarra. Pero, por otra parte, hay quien apunta que existen delitos «excepcionales», como éste, que permiten mantener encarcelados a quienes esperan la sentencia definitiva. A lo que se responde que la alarma social no elude el cumplimiento de las sentencias.

Si se tiene en cuenta la atmósfera reinante, que va del «no es no» de la inmensa mayoría de las mujeres y buena parte de los hombres, aunque con nosotros me andaría con mucho más cuidado, hasta los asesinatos que no cejan de esposas y compañeras, tendremos una situación explosiva, que conviene atajar cuanto antes. Estamos ante un problema jurídico, con leyes que se han quedado viejas. Pero también ante un problema social, o sea, político. Urge arreglarlo antes de que se nos vaya de las manos y se extienda a otros campos -los independentistas catalanes ya claman que «los violadores van a la calle y los políticos siguen encarcelados»-, lo que puede hacerse corrigiendo el Código Penal, allí donde no proteja suficientemente los derechos de las mujeres. Han avanzado mucho pero, como estamos viendo, no lo suficiente, y fiarlo todo a la «educación de los jueces para que sean conscientes de que ellas y sólo ellas deciden su vida sexual» llevaría demasiado tiempo.

Ser feminista no se limita a proclamarlo. Hay que aceptar el papel creciente de la mujer, disponer los cambios oportunos en el comportamiento masculino y actualizar la legislación. Allí donde se contradice, como aquí ocurre, se cambia cuanto antes, algo factible si todos los partidos, como aseguran, están dispuestos a ello. Situaciones como ésta son las que llevan a decir «la Justicia es un cachondeo», aunque quien la dijo acabó en la cárcel. Pero no son los jueces los culpables, sino los legisladores, incapaces de distinguir la presunción de inocencia de los derechos de las víctimas, dos principios que hay que mantener. Los tribunales son nuestras últimas trincheras y sus sentencias deben cumplirse. Pero si uno dicta dos veredictos contradictorios sobre el mismo caso es que algo va mal, no en nuestra Justicia, sino en nuestro Estado de Derecho.

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