El tribunal critica el «tono arrogante» de la exconsejera Aguayo en el juicio
La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, Carmen Martínez Aguayo, ha dado una[…]
La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, Carmen Martínez Aguayo, ha dado una vuelta de tuerca a su estrategia de defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE. La que fuera también ex viceconsejera de Hacienda entre 2004 a 2009 ha asegurado este lunes en que «no pasaban por mi mesa» los informes en los que la Intervención General de la Administración autonómica advertían del uso inadecuado de las transferencias de financiación, el sistema empleado para por la Consejería de Empleo para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a través de un ente instrumental, la agencia IFA/IDEA.
El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla trata de determinar si este método fue delictivo en un proceso contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Es la primera vez que Aguayo, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación, realiza tal afirmación. Hasta ahora Aguayo había esgrimido que no había leído tales informes dirigidos a ella como viceconsejera. Ahora da un paso más y señala que ni siquiera éstos llegaron a su mesa. Delega esa responsabilidad en su equipo técnico. «Tenía un staff cualificado» y eran sus técnicos «las personas que leían los informes de la Intervención» que cuestionaron el procedimiento empleado para financiar las ayudas de los ERE, indicó.
«Ni los interventores actuantes ni mis técnicos me advirtieron de ilegalidad alguna ni requerimiento de actuación», ha contestado a preguntas de la Fiscalía. En el juicio se ha ratificado en la declaración que hizo como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El tribunal ha reprendido el «tono arrogante» empleado por Carmen Martínez Aguayo durante el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. Una reprobación que hasta ahora no se había producido con ningún otro acusado, pese a las constantes llamadas a capítulo que el presidente de la sala, Juan Antonio Peña Calle, suele realizar durante la vista. «Está usted contestando en un tono arrogante que no es el adecuado, completamente diferente al de las preguntas que se le están planteando», aseguró Peña. La acusada ha pedido disculpas al tribunal ante esta llamada al orden. «Lamento que le moleste; no era mi intención», ha contestado.
«Nadie, ninguno de los interventores actuantes vislumbró que hubiera menoscabo de fondos públicos para advertir a la Consejería de Hacienda», ha repetido una y otra vez Aguayo, quien reconoció que sí despachó con el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y le comentó «los problemas en general» que detectó la Intervención en su informe adicional sobre la agencia que pagaba las ayudas, IFA/IDEA, notificado a ella en 2005 para su conocimiento por parte del consejero de Hacienda.
No obstante, cuando el fiscal Manuel Fernández Guerra le preguntó si le informó a Griñán de que el sistema de los ERE no se adecuaba al procedimiento reglado y carecía de fiscalización previa, Aguayo contestó que no le había informado «con ese nivel de detalle».
Aguayo ha llegado a defender que el sistema de control de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre el programa de ayudas sociolaborales, el denominado control financiero permanente, era incluso mejor que el sistema que establecía la Ley General de Subvenciones, la fiscalización previa. Además, indicó que el papel de la Intervención se vio reforzado durante su etapa y se redobló el personal a su cargo.
El representante del Ministerio Público ironizó sobre las medidas adoptadas por la Consejería al hilo de las advertencias que emitió la Intervención: «¿En qué mejoraron [las medidas de control] si nadie se leía los informes de seguimiento que se dirigían a la Consejería?».
