El Partido Popular ha pedido que se anule el primer gran juicio a la trama Gürtel, como numerosos acusados en la vista, por la ilegalidad de las grabaciones del delator que destaparon el caso y por las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón, por las que fue inhabilitado. El abogado de la formación política, juzgada por haberse podido lucrar sin conocer el origen delictivo del dinero (es decir, como responsable civil, no como acusado, algo que ha recordado el letrado Jesús Santos), ha alegado que tales razones vician el proceso.

Según el letrado del PP, la formación política no debería estar en la causa, ni siquiera como responsable civil: esa condición, según su alegato, debería recaer en los grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, del PP, que fueron los que según la Fiscalía se beneficiaron de los actos financiados por la trama corrupta Gürtel.

El PP también ha cuestionado el relato de hechos del Ministerio Público, del que ha denunciado su inexactitud. «No sabemos ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, ni dónde», ha reflexionado en voz alto el abogado, que ha insistido en que la Fiscalía no ha detallado cuáles son los supuestos actos electorales y eventos de los que se benefició el Partido Popular, sufragados según la acusación por la trama. Esta falta de detalle les ha generado «plena indefensión», ha añadido.

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