El Congreso rechaza el control de la CNMV del «crowdfunding» de Sánchez

El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves el informe de conclusiones de la subcomisión para el estudio del régimen de financiación de los partidos políticos con los únicos apoyos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el voto en contra del PP y la abstención de todos los demás grupos. Las citadas conclusiones fueron pactadas por los portavoces en la materia del PSOE, Artemi Rallo; Podemos, Juan Pedro Yllanes; e Ignacio Prendes de Ciudadanos a espaldas de los demás grupos de la Cámara, lo que ha motivado ese elevado abstencionismo y el hecho de que el Grupo Popular elevara al Pleno un voto particular que ha sido rechazado en la misma votación por PSOE, Podemos y Ciudadanos.

En el citado voto particular, el PP denuncia que el informe aprobado por la subcomisión no corrige ninguno de los vacíos regulatorios que rodean a las nuevas formas de financiación de los partidos como las microdonaciones o «crowdfunding». Una herramienta que fue clave tanto para el regreso del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como para el ascenso político de Podemos y sobre la que el informe aprobado en la subcomisión pasa de puntillas. Por ello, los populares han registrado un voto particular en el que reclaman el desarrollo de una regulación rigurosa en torno a esta herramienta de financiación y una reforma legal para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda controlar estas operaciones dentro de sus labores de supervisión e inspección, y realice un informe anual de aquellas entidades que colaboran en estas operaciones. PSOE, Podemos y Ciudadanos han rechazado de plano este control y en el informe aprobado limitan el control sobre el «crowdfunding» únicamente a que los datos de cada operación sean consignados.

Además, el PP propone una regulación específica para las microdonaciones vía internet e inferiores a 200 euros anuales, asimilada al sistema general de donaciones para garantizar su transparencia. El Grupo Popular aboga también por una regulación de los sistemas de microcréditos para adaptarlos a los créditos que reciben los partidos. A lo largo de su voto particular, el PP reconoce también que el régimen sancionador existente para cuestiones de financiación «no ha sido suficientemente disuasorio» y propone su ampliación, tipificando como infracciones las conductas que no estén reflejadas y creando un catálogo de sanciones para los incumplimientos más graves.

En este marco, reclaman también la mejora de los procedimientos penales y reforzar las penas si fuera necesario así como tipificar como delito la condonación de deudas a los partidos, así como la dotación de capacidad sancionadora al Tribunal de Cuentas para que cuestiones como el no aval de las cuentas de un partido, el último ejemplo lo protagonizó Ciudadanos, acarreen multas. También preocupa al PP la regulación de las fundaciones y entidades vinculadas a partidos políticos o dependientes de ellos, para las que pide evaluar su regulación existente para cubrir las lagunas existentes si se considera necesario y que la no inscripción en el registro de entidades vinculadas a partidos políticos tenga la consideración de falta grave y sancionable pie vía administrativa. Advierte también que «no siempre es posible conocer con exactitud el origen de las subvenciones» que reciben las formaciones ni sus cuantías. Por ello, reclama la ordenación del sistema de ayudas para que todas las subvenciones se rijan por principios comunes que faciliten su control.

Junto a una mayor regulación en cuestiones de financiación, el PP también cree fundamental elevar la transparencia a nivel de funcionamiento para que la ciudadanía conozca el grado de cumplimiento de sus estándares éticos. Las vías que señala para conseguirlo son la publicación de las agendas de trabajo de los dirigentes, incluyendo los encuentros con lobbies y los compromisos adquiridos, y la entrega a los partidos de la información patrimonial y profesional de sus dirigentes para evitar conflictos de intereses o incompatibilidades. Pero también apuestan por la creación de un órgano de garantías, independiente, que pueda revisar las decisiones adoptadas por los partidos con base a criterios estatutarios y de legalidad, para garantizar la correcta aplicación de los estatutos y del código ético de cada organización.

El PP censura, además, que buena parte de los puntos incluidos en el informe aprobado por PSOE, Podemos y Ciudadanos están ya contemplados en las distintas normativas vigentes. Citan como ejemplo cerca de diez puntos relativos a la transparencia de la financiación de los partidos, la obligación de publicidad de estatutos, códigos éticos o programas electorales, el papel del Tribunal de Cuentas o el refuerzo de las funciones de control de este organismo. Y cargan contra que el dictamen cree un único modelo de partido político frente a la libertad que establece la Constitución, en cuanto a estructura y funcionamiento. No en vano, la única limitación que impone la Carta Magna es que las formaciones sean democráticas. El texto de PSOE, Podemos y Ciudadanos está a la espera de ser elevado al Pleno para su aprobación definitiva aunque, por el momento, no tiene recorrido jurídico y serán los grupos parlamentarios los que deberán decidir cómo y cuándo lo transforman en ley.

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