El abecedario de la corrupción política en la Comunidad Valenciana
La «operación Taula», que ha descubierto una «organización criminal» infitrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana desde el año[…]
La «operación Taula», que ha descubierto una «organización criminal» infitrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana desde el año 2003, ha supuesto la puntilla para la imagen de una región que, pese a haber encabezado durante años el crecimiento económico español, ha quedado estigmatizada por los constantes casos de corrupción.
Las empresas valencianas son líderes en exportación, al igual que su puerto; la planta automovilística de Ford en Almussafes encabeza la producción de vehículos en todo el país; el modelo de empresas como Mercadona, con más de 74.000 empleados, se estudia en las universidades de todo el mundo; y el sector turístico, con Benidorm y su fórmula de éxito sostenida durante décadas, ha catapultado el incremento de visitantes internacionales a España.
Sin embargo, el goteo incesante de casos de corrupción, que ha afectado especialmente al Partido Popular (y en menor medida al PSPV) tras veinte años de gobierno en la Generalitat y veinticuatro en ayuntamientos como el de Valencia, han generado el hastío de la sociedad civil y han generado un agujero económico que el actual Ejecutivo autonómico eleva al cuatro por ciento del Producto Interior regional, equivalente a una horquilla de entre 3.800 y 4.000 millones de euros, según los «estudios» (no presentados oficialmente) que dice tener el Consell que preside el socialista Ximo Puig.
Este es solo un resumen de algunos de los casos registrados en los últimos años en forma de abecedario.
Avialsa, caso
La Policía detuvo en mayo del pasado año al entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en el marco de una investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.
El llamado caso Avialsa está abierto por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo.
Benidorm, enchufes
La estrategia de defensa del exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro -hoy diputado provincial- de que los 43 posibles enchufes a familiares y afines socialistas durante su mandato solo pueden incurrir en alguna «irregularidad administrativa» se ha derrumbado después de que el juez lo haya considerado una «causa compleja», un nuevo estatus legal que lo equipara a la corrupción.
Al exalcalde de la localidad alicantina se le imputan los delitos de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
Cooperación, caso
El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, fue condenado a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad en el denominado caso cooperación.
Blasco, que fue conseller con el PSPV y con el PP y portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, fue juzgado junto a otros ocho procesados entre enero y marzo de 2014 por la pieza primera del caso, referida al desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua.
Depuradora de Borriol
El juicio al ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, quien fuera mano derecha de Carlos Fabra, por el caso de la depuradora de Borriol comenzará el 15 de febrero en la Audiencia Provincial.
Junto a Martínez, también serán juzgados el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaría, y otras cuatro personas (entre ellas sus dos hijos) por prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. La causa investiga presuntas irregularidades en la expropiación de unos terrenos en la localidad castellonense en los que se iba a construir una depuradora.
Emarsa, caso
El instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, concluyó en 2014 la instrucción de la pieza principal que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia). El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que se dedicó en exclusiva a este caso desde que lo abrió en 2010, imputó a veinticinco personas en la pieza principal del caso, abierto por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo. El juez investiga un supuesto «agujero» financiero de 23 millones de euros.
El auto señala que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para detraer más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa). Entre los procesados se encuentra el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises por el PP, Enrique Crespo.
El inicio del juicio quedó suspendido el pasaso mes de noviembre hasta que uno de los implicados, Jorge Ignacio Roca, detenido en Moldavia, sea extraditado y se complete la instrucción con sus declaraciones
Fabra, Carlos
La Audiencia de Castellón condenó en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel al expresidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia Carlos Fabra, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el marco del conocido como caso Naranjax. El que fuera durante años máximo dirigente de los populares en la provincia de Castellón tendrá que abonar una multa de 693.000 euros e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
La Audiencia absolvió al exdirigente del PP (que sigue cumpliendo condena) de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Durante la vista, el fiscal aseguró que no veía una explicación «razonable» a de dónde sacaba dinero el expresidente de la Diputación de Castellón y ex responsable del PP en la provincia para realizar los ingresos que figuran en sus cuentas
Gürtel, caso
El caso estalló en 2009 y consta de varias piezas separadas que se juzgan en Madrid y en Valencia, entre ellas la de la financión irregular del PP valenciano, la de los contratos para la visita del Papa a la capital del Turia y la de las adjudicaciones a Orange Market para el montaje del stand de Fitur de la Generalitat.
El caso le costó el puesto de presidente de la Generalitat a Francisco Camps en junio de 2011, por su procesamiento en un caso de cohecho pasivo impropio . En enero de 2012 fue considerado no culpable en el conocido como juicio de los trajes.
Hernández Mateo, Pedro
Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico por el Partido Popular, ingresó en el verano de 2014 en la cárcel murciana de Campos del Río. Mateo cumple una condena de tres años de cárcel por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la ajudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos cuando ejercía como primer edil de la localidad alicantina. El exdirigente popular también fue condenado a pagar 10.500 euros de multa y siete años de inhabilitación para cualquier cargo electo local.
Imelsa-Operación Taula
Las irregularidades cometidas en la empresa pública Imelsa, propiedad de la Diputación de Valencia, van desde amaños de contratos a cobros de comisiones, pudieron ascender a más de cien millones de euros de acuerdo con un informe elaborado por una consultora por encargo del actual presidente de la Corporación provincial, el socialista Jorge Rodríguez. Las grabaciones al exgerente de la firma, el arrepentido Marcos Benavent, han resultado claves para ampliar la investigación a la conocida como operación Taula. Es el último gran caso destapado.
Investiga una organización criminal infiltrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana desde hace doce años. La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. Los veinticuatro arrestados la pasada semana quedaron en libertad provisional.
Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Hay otros 34 imputados, entre ellos ocho de los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia por un supuesto blanqueo de capitales a través de donativos para lavar el dinero negro procedente de comisiones
José Luis Olivas
De la cima de la política y las finanzas al calabozo. José Luis Olivas engrosó en junio del pasado año la lista de dirigentes españoles que han acabado detenidos en operaciones relacionadas con casos de corrupción. El que fuera presidente de la Generalitat y de Bancaja fue detenido en Valencia por la Guardia Civil en una operación dirigida desde la Audiencia Nacional.
Está imputado por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo, administración desleal, corrupción y falsedad documental derivados de un crédito para realizar operaciones urbanísticas en el Caribe que, de acuerdo con un informe del Banco de España, habría generado un quebranto económico para Bancaja y el Banco de Valencia de 223 millones de euros.
Luz, Ciudad de la
El juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante condenó en julio de 2013 a la mercantil Aguamarga Gestión de Estudios a pagar 1,2 millones -más intereses legales- a Ciudad de la Luz por incumplir el contrato que tenían firmado para la gestión del complejo cinematográfico. Los estudios promovidos en 2005 por la Generalitat Valenciana con el objetivo de fomentar la industria audiovisual en la Comunidad, tendrán que devolver a la Generalitat los 265 millones de euros en ayudas públicas que han recibido desde su puesta en marcha según una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE). El complejo, que lleva más de tres años sin albergar rodajes, está a la espera de que la Unión Europea otorgue el visto bueno a su subasta.
Mediterráneo, Caja de Ahorros del
La antigua cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Meditérraneo también ha pasado el banquillo de los acusados. La causa principal abierta por la Audiencia Nacional afecta al expresidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general Roberto López Abad, a la ex directora general adjunta Maria Dolores Amorós, el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Segorb, el ex director general de Recursos Vicente Soriano, el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el ex director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el ex director de Información Financiera Salvador Ochoa, están acusados de falseamiento de cuentas, apropiación indebida y administración desleal. El agujero podría alcanzar los 47 millones de euros por apropiación indebida.
Nóos, caso
La Audiencia de Palma reafirmó la pasada semana su competencia para juzgar la trama valenciana del caso Nóos al rechazar la pretensión de las defensas de cuatro acusados para que traspasara el procedimiento a la Audiencia Provincial de Valencia.
Las magistradas que juzgan el presunto entramado corrupto en torno al instituto que presidió Iñaki Urdangarin han desestimado las cuestiones previas sobre su falta de competencia expuestas en el arranque del juicio, el 11 de enero, por los letrados de Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; Elisa Maldonado, exresponsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); José Manuel Aguilar, exdirector de Cacsa; y Luis Lobón, exsecretario autonómico de Turismo.
Entre los procesados por los contratos firmados con el Instituto Nóos se encuentra también el vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.
Orange Market
La tercera de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la red Gürtel, para el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.
En concreto, se analizan las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (entidad pública de la Generalitat) de los contratos sobre la construcción, montaje y desmontaje del expositor de la Comunidad Valenciana en la feria turística Fitur a Orange Market, empresa encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV.
La Fiscalía estima que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en "esta irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.
Hay trece personas procesadas en el caso, siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (las dos exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such y cinco empleados públicos) y seis de empresas de la trama Gürtel, entre los que figuran los presuntos cabecillas.
Púnica, operación
Se trata de una trama que adjudicó servicios públicos en Valencia, Madrid, León y Murcia por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de comisiones ilegales. El caso salpicó a cinco ayuntamientos de la Comunidad Valenciana: Valencia, Castellón, Gandía, Elche y Denia. En la operación se detuvo al empresario valenciano Alejandro de Pedro.
Ripoll, José Joaquín
El expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, procesado en el denominado caso Brugal por amañar la adjudicación del contrato de recogida de residuos en la comarca alicantina de la Vega Baja. Junto a Ripoll se sentarán en el banquillo, si finalmente se abre juicio oral -cabe recurso contra la decisión de la juez instructora- otras trece personas, incluida la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, también del PP.
La juez también procesa al exportavoz del PSPV en Diputación, Antonio Amorós, y a varios técnicos y empresarios. La instructora cree que hay indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida.
El caso Brugal arrancó en 2007 cuando un concejal ya fallecido entregó unas grabaciones al fiscal que supuestamente demostraban el amaño del concurso de recogida de residuos en la ciudad de Orihuela
Sonia Castedo
Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante anunció el 23 de diciembre de 2014 su dimisión a través de su perfil personal en Facebook, donde se había volcado para hacer públicas algunas de las decisiones tomadas en su Ayuntamiento.
La decisión llegó solo un día después de que el juez que instruye la causa por el caso Rabasa, una de las dos por las que se encuentra imputada, la citara a declarar por tráfico de influencias y cohecho con el empresario Enrique Ortiz al abordar un plan urbanístico que prevé la construcción de 13.000 viviendas y la instalación de la multinacional Ikea.
Terra Mítica
El juicio del caso Terra Mítica, en el que se investigó un fraude en la construcción del parque temático de Benidorm, espacio impulsado por el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, quedó visto para sentencia el pasado mes de octubre. La causa partió de una denuncia de la Fiscalía en 2005 que investigaba al parque temático y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal valorado inicialmente en 4,4 millones de euros. La fiscal ha rebajado el número de acusados hasta sumar 28, frente a los 34 iniciales. Asimismo, el ministerio público, en sus conclusiones finales, aumentó la petición de pena para el expresidente del parque Luis Esteban, para quien reclama 8 años y 10 meses de cárcel frente a los 7 que le solicitaba inicialmente.
Por otro lado, ha rebajado la pena para otros tres exresponsables: el ex director general Miguel Navarro; el exjefe del departamento de Contratación Justo Valverde y el ex director técnicos Antonio Rincón. Para estos tres acusados solicita entre 8 años y 4 meses y 8 años y 10 meses frente a los 10 iniciales. La fiscal mantiene ?pese a lo manifestado por las defensas? que existió una trama de facturas falsas que "permitió" el desvío de dinero público en beneficio de "unos cuantos". Estima probada la "connivencia, complicidad y confabulación" entre el presunto cabecilla de la trama, el empresario Vicente Conesa ?para quien solicita 26 años y 4 meses de cárcel?, y los exresponsables del parque, que "consintieron" un "trato de favor" al empresario y posibilitaron la interposición de empresas pantalla para multiplicar el precio de los trabajos.
Valmor, caso
El Juzgado de Instrucción 2 de Valencia investiga presuntas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte, Dolores Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia. La causa investiga los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
XVI Benedicto (visita del Papa a Valencia)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata asumió en enro la investigación de la rama valenciana de la trama Gürtel en relación con los contratos suscritos con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, con 27 imputados, entre ellos el expresidente de Les Corts y exconseller del PP Juan Cotino.
Se trata de una de las cinco piezas que fueron abiertas sobre la rama valenciana de Gürtel y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) acordó devolver a la Audiencia Nacional al no haber ya aforados.
En esta pieza están imputados, entre otros, los considerados cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, responsable de la empresa vinculada a la trama valenciana, Orange Market.
También figuran el expresidente de Les Corts y exconseller del PP Juan Cotino, así como varios exdirigentes de la cadena pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que ya declararon en el Palacio de Justicia de Valencia.
En esta causa, por la contratación efectuada por Radiotelevisión Valenciana con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del papa en julio de 2006, la Fiscalía Anticorrupción ha visto "indicios racionales y fundados" de la "presunta participación de Cotino en hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho".
Yolanda García
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se declaró en marzo del pasado año no competente para juzgar a los procesados en las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, relativas a presunta financiación irregular del PPCV, y las mandó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El tribunal valenciano debía de pronunciarse ante la cuestión de competencia que le planteó el juez instructor de este procedimiento, tras la renuncia de los que fueran diputados del PP en las Corts, Ricardo Costa y Yolanda García, a su escaño, y después de que no quedara en estas tres piezas ninguna persona aforada.
En estas tres piezas figuran como procesados, al margen de Ricardo Costa y Yolanda García, los exparlamentarios Vicente Rambla -también exvicepresidente del Consell- y David Serra por delito electoral. Junto a ellos, también figuran como procesados otros excargos del PPCV, empresarios y los cabecillas de la trama Gürtel, hasta 20 personas, por las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel por delito electoral, falsedad y delito fiscal.
Las dos primeras piezas se refieren a un presunto delito electoral relativo a las elecciones locales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunitat, y a un delito de falsedad en documento mercantil cometido en 2008. La pieza 6 se limita a delitos fiscales atribuidos a Orange Market S.L. y a algunas de las sociedades del Grupo Correa.
ZAL y sobresueldos
El Tribunal Supremo confirmó en julio del pasado año la nulidad del plan especial que desarrollaba la Zona modificativo del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto (ZAL). Uno de sus impulsores fue Rafael Aznar. La Fiscalía pide cinco años de prisión para el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia,dos empleados del Puerto y un abogado del Estado como supuestos autores de los delitos de prevaricación y malversación en el supuesto cobro de sobresueldos. El supuesto cobro de sobresueldos se produjo entre 2004 y 2011 como consejeros de la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística.
En consecuencia, el Ministerio Público reclama la devolución de las cantidades supuestamente percibidas de forma irregular, que en el caso de Aznar ascendían a 1.680 euros mensuales.
Esas retribuciones fueron consideradas incompatibles por la Intervención General de la Administración del Estado y posteriormente denunciadas, lo que dio origen a esta causa.
