Cláusula suelo: ¿Cómo va a ser el sistema de reclamación que prepara el Gobierno?

El ministro de Economia, Luis de Guindos, adelantó ayer que el Consejo de Ministros aprobará mañana una solución para que los afectados por la cláusula suelo puedan reclamar más fácilmente, sin necesidad de tener que acudir a juicio como hasta ahora. Pero, ¿cómo será la propuesta del Gobierno?

Según adelantó el propio titular de Economía, se va a tratar de un sistema de reclamación "gratuito" y "rápido", pues se pretende que los afectados puedan contar con una solución en un periodo máximo de tres meses. Asimismo, las entidades estarán obligadas a presentarse a la conciliación. 

Pero, a falta de conocer los detalles concretos, los representantes de los consumidores y los expertos legales ven con escepticismo la solución del Gobierno para agilizar las reclamaciones tras el fallo del Tribunal de Justicia de la UE que dictaminó la retroactividad total de las cláusulas (lo que implica la devolución completa de las cantidades cobradas indebidamente y que puede suponer hasta 4.200 millones de euros, según algunas fuentes).

Para empezar, el hecho de que el mismo Gobierno que ha defendido los intereses de los bancos ante el Tribunal de Justicia de la UE vaya a ser el que proponga una solución hace desconfiar a muchos, como es el caso de Fernando Sanahuja, socio de Sanahuja Miranda Abogados, un despacho que ha llevado varios casos de cláusulas suelo. 

En ese sentido, Sanahuja cree que la solución incluirá algún tipo de contraprestación para las entidades, como la no devolución de los intereses de demora o la no inclusión de los gastos hipotecarios, dos reclamaciones que sí se están incluyendo en las demandas judiciales y a las que los consumidores no tienen por qué renunciar, a su juicio.

Por ello, Enrique García, portavoz de la OCU, reclama que el sistema propuesto sea "transparente" y evite que se vuelva a "intentar engañar de nuevo a los consumidores" como ha ocurrido con las ofertas individuales que se les han realizado en el pasado a cambio de modificar las cláusulas suelo (subidas de los tipos de interés, renuncia a acciones judiciales, etc). 

Y es que, para García, la contraprestación para las entidades no debe ir más allá del hecho de librarse de abonar las costas judiciales de los hipotéticos procesos judiciales que perdieran.

Asimismo, los precedentes de casos parecidos tampoco convencen a Sanahuja, como en el caso de la solución propuesta por el Gobierno para las preferentes, que incluía demasiadas excepciones para poder acogerse a la solución. A su juicio, la herramienta propuesta debe ser "universal" y ser válida para todos los afectados.

La experiencia anterior en cuanto el control del sistema tampoco convence, tal como pudo verse con el código antidesahucios, según García. Por ello, "el Gobierno se tiene que comprometer a que haya datos y cifras contrastables que permitan evaluar el grado de cumplimiento de este sistema extrajudicial", pide este experto.

Por otro lado, otra cosa que preocupa a afectados y a sus representantes es que no se garantiza que los bancos vayan a devolver las cantidades abonadas. Esto va a depender mucho de la actitud de los bancos y la experiencia nos dice que podrían ser más que reticentes, según defiende García, en una opinión compartida con Sanahuja: "Con los antecedentes que tenemos, me hace complicado que, de buenas a primeras, las entidades se pongan a devolver el dinero". 

Asimismo, el plazo de tres meses podría ser muy difícil de aplicar, como ayer reconoció el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista, en la que admitió que los bancos no cuentan con medios materiales ni "gente suficiente" para tramitar unos 1,5 millones de "hipotéticos" expedientes en tres meses.