Benavent declara ante el juez que cumplía órdenes de Rus para contratar a los «zombies» en Imelsa
Una responsabilidad compartida entre él, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el que fuera su jefe[…]
Una responsabilidad compartida entre él, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y el que fuera su jefe de gabinete, Emilio Llopis. Éste es el resumen de la declaración del exgerente de Imelsa (y principal confidente del caso) Marcos Benavent ante el juez del caso Taula.
El autobautizado como «yonki del dinero» comparecía de nuevo dentro de una de las cinco piezas en las que por ahora se divide la macrocausa. Concretamente, la referida a los supuestos empleados que cobraban sin acudir a su puesto de trabajo.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, en el que ha respondido a preguntas de todos los letrados, ha detallado uno por uno los contratos de los asesores y trabajadores llamados «zombies» y ha afirmado que se encargaba de ejecutar estas contrataciones por orden directa de Rus y, en algunos casos, de Llopis.
En el sumario del caso constaba que Benavent ya apuntó ante el magistrado que durante sus siete años al frente de Imelsa (de 2007 a 2014) contrató a «200 o 300 personas», la mayoría de las cuales «ni iba por allí». Igualmente, aseguró que «todos los trabajadores de Imelsa eran enchufados» y que la empresa «nutría de empleados a muchos departamentos de la Diputación», como prensa de la Diputación, Protocolo, Presidencia, Turismo, Fundación Alfons el Magnànim, el Muvim, la Escuela de Capataces de Catarroja, así como las diferentes secretarias y secretarios de los diputados, además de la Sala Parpalló en la primera legislatura. Es decir, que cobraban de Imelsa pero no trabajaban allí.
Algunos de los que se encontraban en esta situación eran el jugador del Olímpic de Xàtiva (club de fútbol presidido en esos momentos por Rus) y exconcejal del PP de Ontinyent, Miguel Ángel Mullor Doménech, o Salvador Tormo y Óscar Pavón Puertas, colaboradores de empresario y propietario de Engloba Grupo de Comunicación, José Adolfo Vedri (también imputado).
Precisamente Vedri también estaba citado este jueves ante el juez por su participación en la supuesta contratación fraudulenta, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.
Sí lo ha hecho, en cambio, la que fuera jefa de Recursos Humanos de Imelsa, María Escrihuela, debido a sus atribuciones. Ha indicado que únicamente se ceñía a obedecer las órdenes de Benavent, ya que era su superior.
Preguntada por el control que se realizaba de los asesores de los diputados, ha señalado, según las fuentes presentes, que durante los años 2014 y 2015 estos últimos se encargaban de firmar certificados en los que constaba el cumplimiento de horas.
Indemnizaciones hinchadas
Además de los trabajadores «zombies», Benavent también ha respondido a preguntas sobre las indemnizaciones desproporcionadas que percibieron por despido empleados de la empresa pública, que se investiga en la misma pieza.
Entre ellas destacaba la del exdelegado de UGT y exalcalde de Llutxent por Izquierda Unida, Honorio Estornell. Fue despedido en 2008, año en el que solo estuvo dado de alta el 1 de enero. Por ese único día, festivo, percibió una retribución de 37.607 euros, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -que recoge datos de Hacienda- que consta en el sumario del caso, y además otros 72.251 euros de liquidación por el despido (más de 100.000 en total).
Estornell negó ante el juez el pasado julio que cobrase esta cantidad por un día de trabajo, asegurando que se debía a un error porque su expediente estaba extraviado, un extremo sobre el que se mostró sorprendido. «Me echaron porque molestaba», llegó a señalar.
El exgerente de Imelsa, sin embargo, ha contradicho las palabras de Estornell y ha afirmado que fue él mismo quien le pidió personalmente que, a cambio de marcharse, le pagara esta cantidad, contratara a su hijo (Rubén Estornell), a quien debía hacerle también delegado sindical, y diera empleo a tres amigos más.
Caja «B»
Aunque Benavent se ha ceñido únicamente a la cuestión de los trabajadores «zombies» ante el magistrado, a su salida del juzgado ha respondido las presuntas irregularidades cometidas en diversas Administraciones Públicas mediante el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales del 2 ó 3%: «Yo llevaba el dinero al PP y supongo que la gente que llevaba el partido ya distribuiría y haría sus pagos, pero no tengo ni idea. Del 3 % algo me quedaba, evidentemente. El resto lo entregaba a políticos en restaurantes, en el coche o en despachos oficiales en el Ayuntamiento de Valencia o en la Diputación».
Benavent ha detallado igualmente que se trataba de prácticas «habituales» en el PP de la ciudad de Valencia y el provincial. «Había caja B en todos los sitios, estaba controlada por quienes estábamos en el partido», ha indicado, para afirmar que le parecería «lógica» la imputación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá en esta causa.
Además, ha comentado que el ex secretario general y actual presidente provincial del partido en Valencia, Vicente Betoret, «quizás» conociese las contrataciones irregulares porque «estaba en la cocina de muchas cosas».
Las declaraciones continúan este viernes con Alfonso Rus.
