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Puede estar tranquila la alcaldesa de Sant Cugat del Vallés, que el tema de la bandera se lo arregla y normaliza un día de estos la ministra Meritxell en una reunión bilateral. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó ayer la sentencia que hace dos años obligó al Ayuntamiento de la localidad barcelonesa a retirar una señera estrellada que, según soplaba el viento político y judicial, ha ido cambiando de mástil y de calle. Ni caso. Como en un lienzo histórico y levantisco de Delacroix, la regidora puede seguir guiando al pueblo hacia el enfrentamiento. Mientras dure el Gobierno de Pedro Sánchez hay margen para su Iwo Jima.

Como los lazos y las cruces que sacan los colores de la rebelión en playas y plazas, zonas comunes señalizadas por los insurrectos para marcar territorio y frontera, la estelada que ondea en la fachada de los organismos oficiales y las calles de Cataluña representa una «privatización del espacio público», porque ?recuerda el TSJC? las instituciones públicas «no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión». A cara descubierta o a través del voto delegado, por activa o por pasiva, con pompa y circunstancia o de tapadillo, cediendo los espacios municipales a los coros y danzas del separatismo, los ediles tienen la responsabilidad de mantener limpias sus ciudades, no de ensuciarlas y hacerlas inhabitables con la peor mugre urbana, la que tiene naturaleza ideológica y totalitaria.

En la España de Pedro Sánchez, sin embargo, lo que diga un tribunal no va a misa, salvo que sea alemán. En la España normalizada y dialogante de Sánchez, incluso los artículos que suprimió el Tribunal Constitucional de aquel estatuto que sirvió de guión a la tractorada de octubre tienen una segunda oportunidad. El TSJC puede cantar misa, en alemán de Baviera, mientras la ley y las sentencias judiciales sean para Meritxell y compañía un concepto tan discutido y discutible como el de nación.

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