Las ventajas que pueden obtener los funcionarios al contratar su hipoteca

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En un contexto hipotecario cada vez más complejo, cualquier ayuda es bienvenida. Y la realidad es que ser funcionario puede facilitar el acceso a una hipoteca y permitir conseguir condiciones más atractivas gracias a poseer una plaza dentro del funcionariado público.

Como aspecto principal vinculado a esta mayor facilidad destaca el hecho de que la estabilidad laboral de los empleados públicos reduce el riesgo de impago para los bancos. Por este motivo, las entidades suelen ofrecerles préstamos con mejores condiciones que las hipotecas convencionales.

Según explica Miquel Riera, experto en finanzas de HelpMyCash, el empleo público puede convertirse en una ventaja a la hora de solicitar financiación para comprar una vivienda. Sin embargo, el experto es claro: trabajar para la Administración no garantiza automáticamente el acceso a las mejores ofertas, sino que es necesario cumplir una serie de requisitos.

Una mayor facilidad para conseguir financiación

Tal y como lo explica el experto, las hipotecas para funcionarios son préstamos hipotecarios que ofrecen condiciones más favorables a este colectivo. Y aunque hay pocas entidades que comercializan productos exclusivos para empleados públicos, la mayoría de los bancos mejora sus condiciones habituales cuando el solicitante tiene este perfil.

Una de las principales ventajas de estas hipotecas es que resulta más fácil conseguir la aprobación del préstamo. La estabilidad del empleo público proporciona al banco una mayor seguridad sobre los ingresos futuros del cliente, lo que aumenta las probabilidades de que la entidad acepte la solicitud.

Otra ventaja importante son los tipos de interés más bajos. Al considerar que el riesgo de impago es menor, los bancos pueden ofrecer mejores precios en hipotecas a tipo fijo, variable o mixto. De esta forma, los funcionarios pueden acceder a condiciones más atractivas que las disponibles para otros perfiles de clientes.

Por otro lado, la financiación también puede ser más elevada. Mientras que algunas hipotecas convencionales cubren hasta el 80 % de la compra, determinados bancos ofrecen a los funcionarios préstamos que superan ese porcentaje. En algunos casos, la financiación puede alcanzar el 90 % o incluso el 100 % del importe de la vivienda.

Menores comisiones y vinculación

No obstante, Riera asegura que estas ventajas pueden extenderse a otros aspectos del préstamo. Por ejemplo, algunas entidades aplican menos comisiones a los empleados públicos, incluidas las de apertura o amortización anticipada, un aspecto que permite reducir determinados costes asociados a la hipoteca.

Además, los funcionarios pueden conseguir un buen tipo de interés con menos productos vinculados. En algunos casos, basta con domiciliar la nómina y cumplir unas pocas condiciones adicionales para acceder a una oferta atractiva, de modo que el cliente puede obtener mejores condiciones sin asumir tantas obligaciones con el banco.

No obstante, estas ventajas dependen de la entidad y de las características del solicitante. La estabilidad laboral mejora el perfil financiero, pero no elimina la necesidad de cumplir los criterios exigidos para conceder el préstamo.

Los requisitos imprescindibles para contratar una de estas hipotecas

Ahora bien, esta posibilidad también cuenta con ciertos requisitos. Y el primero de ellos es ser funcionario de carrera, lo que significa contar con un puesto permanente en un organismo público, obtenido mediante una oposición, por lo que los trabajadores interinos no cumplen esta condición en la mayoría de los casos. En caso de que la hipoteca se solicitase en pareja, es suficiente con que uno de los dos integrantes sea funcionario de carrera.

También es necesario disponer de ingresos suficientes para pagar las cuotas. El banco tendrá en cuenta tanto la futura hipoteca como los demás créditos que el solicitante tenga vigentes, por lo que lo recomendable según Riera es que el conjunto de las deudas mensuales no supere el 30 % de los ingresos netos.

Por otro lado, los ahorros constituyen otro elemento fundamental. Aunque algunas entidades financian más del 80 % del precio de compra, el comprador debe disponer de dinero para cubrir la parte que no presta el banco. También necesita reservar fondos para los gastos asociados a la compraventa, como los impuestos y la notaría.

Por último, el solicitante no debe tener deudas impagadas con bancos o empresas de suministros. Las entidades comprueban si el cliente figura en ficheros de morosidad, y, si detectan impagos, pueden rechazar la solicitud aunque el interesado tenga un empleo público estable.

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