UGT denuncia que solo 30% de centros de administración estatal evalúa riesgos

UGT ha asegurado hoy la Administración General del Estado en Baleares ha fracasado de la prevención de riesgos laborales, dado que de los 73 centros de trabajo existentes en las islas, solo un 15 % ha facilitado al sindicato su plan de prevención completo y un 30 % la evaluación de riesgos.

Con la intención de verificar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales de la Administración General del Estado en las islas, UGT solicitó a los 26 organismos de los que dependen los 73 centros de trabajo, la documentación preceptiva en materia de prevención de riesgos laborales.

El sindicato ha informado en un comunicado de que el resultado ha sido "decepcionante".

Tan solo un 15 % de los organismos ha remitido el preceptivo plan de prevención completo, tan solo un 30 % ha facilitado la evaluación de riesgos y únicamente un 8 % ha incluido la evaluación de riesgos psicosociales.

Según el sindicato, lo más preocupante es que solamente un centro ha documentado la realización de actuaciones correctoras y que únicamente dos centros han remitido el plan de alarma y evacuación.

UGT ha denunciado que el incumplimiento de la normativa tiene ejemplos escandalosos como el de Delegación de Gobierno que no ha realizado la evaluación de riesgos en la mayoría de sus centros de trabajo, que su sede en Palma no cuenta con el plan de alarma y evacuación y que el edificio de los Juzgados de Vía Alemania no había superado la inspección técnica de edificios.

La mayoría de los organismos se escudan en la protección de datos, en la información reservada o simplemente que los documentos son muy extensos para no proporcionar la información a los sindicatos, lo que choca frontalmente con el espíritu y la letra de la ley.

UGT ha recalcado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue aprobada en 1995 y que ha calificado de "intolerable" que 23 años después de su aprobación la Administración del Estado incumpla la legislación vigente de forma generalizada.

A juicio del sindicato, este estudio demuestra "el poco interés de los gestores y directivos públicos en la materia, el gran desconocimiento existente de la legislación, la absoluta falta de integración en la gestión y de transparencia".

UGT denuncia también la ausencia generalizada de la evaluación de riesgos psicosociales, es decir aquellos relacionados con la organización y contenido del trabajo y que conllevan graves problemas por conflictos personales, modelos de dirección autoritarios, cargas de trabajo inadecuadas o excesivas, situaciones de acoso.

Ha señalado que este tipo de problemas ocasionan bajas laborales de larga duración, depresión, degradación del ambiente laboral y del bienestar de los empleados y empleadas públicos, lo que finalmente repercute en la calidad del servicio público.

UGT repetirá en breve plazo la campaña de solicitud de la documentación preventiva y trasladará a la Inspección de Trabajo las posibles deficiencias, al entender que se trata de una situación intolerable y espera que los nuevos responsables de la Delegación de Gobierno corrijan esta situación.

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