Torrelavega estudia no concurrir a más programas de Corporaciones Locales

El Ayuntamiento de Torrelavega estudia no presentar, a partir del próximo año, más proyectos a los programas de empleo de Corporaciones Locales, tras la sentencia judicial sobre "trato salarial diferenciador" que estima un recurso de varios trabajadores temporales contratados en 2014.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), para quien el actual programa de Corporaciones Locales "está muerto" ya que, a raíz de esta sentencia y las que afectan a otros municipios, el carácter de fomento del empleo "pierde todo su sentido" al tener que reconocer que los operarios temporales tienen que ser tratados, en sus salarios, como empleados municipales.

En rueda de prensa, ha avanzado que Torrelavega "se repensará" solicitar programas a partir de 2017, aunque en este ejercicio se mantendrá los solicitados pero "recortando drásticamente" el número de beneficiarios de los 255 iniciales a 70 que se contratarán.

A su juicio, la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander hace que el programa de Corporaciones Locales pierda su carácter social y de fomento del empleo, ya que hasta ahora el Ayuntamiento primaba el mayor número de contratos, aunque para ello hubiese que pagar a los empleados menos de lo previsto en el convenio colectivo.

Ha defendido la "buena fe" con la que las sucesivas Corporaciones de Torrelavega han actuado en estos programas, pero ha reconocido que tras estas sentencias la contratación mediante Corporaciones Locales "se está poniendo muy dificultosa", lo que podría obligar a renunciar a este tipo de programas.

En este sentido, ha defendido la decisión adoptada en el pleno de ayer con los votos de PSOE, PRC, PP y Torrelavega Sí, de no retirar el recurso de apelación contra la sentencia judicial que condenó al Ayuntamiento al pago de 3.681,84 euros a cada uno de los siete demandantes.

Para Cruz Viadero, los grupos municipales "han actuado con responsabilidad" al apoyar recurrir la sentencia, ya que eso es "defender los intereses municipales" frente a una moción de ACPT que, a su juicio, de haber sido aprobada supondría incurrir en un posible delito de prevaricación, como así lo advirtieron los técnicos.

"Lo fácil hubiese sido aprobar la moción y pagar las indemnizaciones, pero nos hemos visto en la obligación de rechazarla y recurrir para no incurrir en responsabilidades", ha dicho el alcalde.

El portavoz del PRC, Javier López Estrada, ha insistido en que la moción de ACPT "es jurídicamente inaprobable" y la decisión de recurrir la resolución judicial "ha sido tomada por estricta responsabilidad".

En este sentido, ha destacado que si se hubiese aceptado la propuesta de ACPT, que incluía pagar las indemnizaciones a todos los posibles afectados, el Ayuntamiento debería hacer frente a más de tres millones de euros en reclamaciones lo que, a su juicio, obligaría a redactar un nuevo presupuesto para este año.

Así mismo, ha avanzado que, para evitar nuevas posibles sentencias, este año se vigilará que los contratados temporales no hagan los mismo trabajos que los empleados municipales, y para 2017 el Ayuntamiento se replanteará concurrir a estos programas.

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