Sindicato Andaluz de Bomberos denuncia 3 años de retraso en las oposiciones
El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla aún no ha convocado el primer examen[…]
El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) ha denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla aún no ha convocado el primer examen de las oposiciones para 23 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público aprobadas en el 2015 y el 2016 y convocadas formalmente el 9 noviembre del 2017.
En un comunicado, el SAB denuncia que actualmente hay cien vacantes en el Cuerpo de Bomberos municipal, que cuenta con una plantilla de 532 plazas, y critica que "durante el mandato de Juan Espadas no ha ingresado ningún bombero y aunque se convocaron 23 plazas el 9 de noviembre de 2017, todavía no se han iniciado las pruebas".
Esta convocatoria corresponde a las ofertas de empleo (OEP) de 2015 y 2016, aprobadas en mesa de negociación el 26 de noviembre del 2015 y el 5 de mayo del 2016 respectivamente, a las que el SAB ha solicitado unir las ofertas del 2017 y 2018 con otras 23 plazas para "economizar los medios de los recursos humanos municipales y agilizar los procedimientos", sin que haya obtenido respuesta.
El sindicato denuncia que las convocatorias de cada año responden a las necesidades de plantilla de esa anualidad por lo que critica que "no se convoquen hasta tres años después y no finalice el proceso, previsiblemente hasta cinco años después".
Para el secretario general del SAB en Sevilla, Manuel Poo, ello obedece a una "falta de voluntad política, o mejor dicho a querer encontrar el momento donde se obtenga mayor rédito electoral" ya que "apenas un mes después de la convocatoria en noviembre de 2017, ya se tenía elaborado un borrador con lista provisional de admitidos".
El SAB denuncia también que en el 2015 el actual Gobierno municipal aprobó dentro de la Oferta de Empleo Público una previsión de promoción interna de 14 plazas pero "nada se ha hecho para desarrollarla" y alerta en julio ya alertaron a Recursos Humanos de que "corría el riesgo de caducar, conforme marca el Estatuto Básico de los Empleados Públicos pasados tres años".
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