Rechazan el recurso de la FHC contra dos despidos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha rechazado el recurso presentado por la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) contra una sentencia que le obligaba a readmitir a dos trabajadoras despedidas.

Así lo ha explicado hoy el Comité de Empresa de la Fundación Hospital de Calahorra, que recuerda que la sentencia ratificada ahora establece que el centro "vulneró derechos fundamentales de las dos trabajadoras despedidas en septiembre de 2017".

La gerencia del centro recurrió esa sentencia que ahora se ha desestimado y que incluía la readmisión de las trabajadoras, en las mismas condiciones laborales, el abono de sus salarios desde entonces y una indemnización de más de seis mil euros por daños morales.

El Comité cree que una vez que se ha rechazado el recurso "es el momento de depurar responsabilidades", a su juicio "en dos niveles", en primer lugar "investigando la conducta del gerente del Hospital y la causa real de los despidos".

Y, en segundo lugar, actuando en consecuencia con un alto cargo (el gerente) "que no debe seguir en su puesto ni un día más tras haber sido condenado por vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que debe servir".

El Comité recuerda que los despidos fueron acordados por el Patronato de la Fundación, que preside la consejera de Salud, María Martín, unos días después de que las dos trabajadoras "denunciaran con pruebas irrefutables notorias irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios" algo que "es responsabilidad del gerente".

"Ante hechos tan graves, sólidamente fundamentados y lealmente comunicados a través del conducto reglamentario adecuado, el único proceder de la gerencia de FHC fue ganar tiempo para borrar el rastro de las evidencias y, construir dos aparentes despidos disciplinarios para matar laboralmente a quienes de forma leal y valiente habían puesto su deber profesional y de servicio público al interés general, por delante de las presiones e intereses de terceros", recalcan.

El Comité explica en su comunicado que en "un caso similar en Cantabria se ha saldado con la protección a la denunciante, el cese de los altos cargos y una comisión de investigación parlamentaria" lo que supone "un trato bien diferente al barrer bajo la alfombra que las trabajadoras de FHC han padecido.

Aunque la FHC puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, consideran que "no es posible mantener en el desempeño de sus funciones como alto cargo a quien vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos" y "se impone un cese inmediato, que ya llega tarde".

EFE

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