Multa al Colegio de Administradores de Fincas por imponer honorarios mínimos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 9.300 euros al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia (COAFMU) por infringir el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y "coartar la libre competencia en precios" imponiendo "baremos de honorarios mínimos".

La resolución da la razón al denunciante, el letrado y administrador de fincas cartagenero Francisco Garzón, que inició el proceso contra el colegio hace ya casi tres años tras recibir "coacciones y amenazas" por ofrecer una rebaja del 30 por ciento en sus tarifas sobre "los baremos de honorarios mínimos" que pretendía imponer el COAFMU.

Según la resolución, el colegio llegó a "coaccionar a sus asociados para que se ajustasen a estos precios mínimos", razón por la que Garzón demandó al COAFMU ante la CNMC.

Además, el colegiado demandó ante un juzgado al COAFMU para defender su honor e imagen profesional ante una "conducta muy grave e inadmisible", según Garzón, que ha mostrado su satisfacción porque "se abre un camino para que estas actuaciones no se sigan produciendo y otros colegiados no tengan miedo"

La resolución de la CNMC considera probado que el COAFMU era plenamente consciente de la prohibición del mantenimiento de honorarios orientativos de precios tras la reforma de la Ley de Colegios Profesionales en 2009.

No obstante, añade la CNMC, el colegio decidió continuar manteniendo este baremo de precios mínimos durante los años siguientes y controlar su implantación y seguimiento entre los colegiados (especialmente de la zona de Cartagena y La Manga del Mar Menor).

Para conseguir tales propósitos, remitía circulares y celebraba reuniones en las que se coordinaban y actualizaban colectivamente los honorarios a través de estudios económicos de costes mínimos que evitasen la competencia entre los profesionales afectados.

Para lograr estos objetivos, el COAFMU "amenazaba a los colegiados en dichas circulares y reuniones con la expulsión del colegio", además de con "posibles acciones judiciales contra aquellos que efectuaran rebajas sobre los precios concertados colectivamente".

Además, desarrolló una campaña publicitaria dirigida a los usuarios y contraria a la libre competencia en la que acusaba y desprestigiaba profesionalmente a los colegiados que fijaban precios por debajo del baremo recomendado.

Para Garzón, los clientes ya tienen un criterio establecido por la CNMC para saber que ofrecer un descuento en materia de honorarios por los servicios de un administrador "no solo no repercute sobre la calidad del servicio, sino que además es una actuación conforme a la ley y a la libre competencia de mercado y supone un beneficio para los propietarios de las comunidades".

Finalmente, el colegiado denunciante ha incidido en que está estudiando, tras resolverse la demanda por vía administrativa, colegiarse en la provincia de Alicante "tras las amenazas y coacciones que he sufrido durante años" por parte de sus compañeros en Murcia.

.