Medio año de huelga de limpieza pone contra las cuerdas juzgados y comisarías

La huelga de las trabajadoras de la limpieza de las sedes judiciales y comisarías de la Ertzaintza de Gipuzkoa cumple ya más de seis meses sin visos de solución, medio año en el que la suciedad se ha ido acumulando en estos edificios, a los que la falta de higiene mantiene contra las cuerdas.

La huelga de las trabajadoras de la empresa Garbialdi, concesionaria del Gobierno Vasco para la limpieza de estos inmuebles, fue convocada el pasado 19 de septiembre por los sindicatos ELA, LAB, UGT y ESK, con una reivindicación central: la desaparición de la "brecha salarial" que, a su entender, existe respecto al "masculinizado" y mejor retribuido sector de la limpieza viaria.

Transcurrido medio año de huelga y movilizaciones constantes por parte de las limpiadoras, no sólo no ha habido avance alguno en las negociaciones entre sindicatos y empresa sino que el conflicto se encuentra más estancado que nunca.

Una situación que también se ha visto enfangada por la "limpieza extraordinaria" decretada por el Ejecutivo autonómico el pasado febrero, ante las condiciones de manifiesta insalubridad que presentaban estos edificios públicos al cumplirse los primeros 140 días del paro y que no ha sido del agrado de las huelguistas.

La prórroga concedida por el Gobierno Vasco a Garbialdi para seguir prestando el servicio de limpieza en las sedes judiciales de Gipuzkoa, dada a conocer en medio de este conflicto laboral, tampoco ha contribuido a distender una coyuntura en la que, más de seis meses después, no se avista luz alguna al final del túnel.

Mientras tanto, la basura y los residuos forman pilas en pasillos, galerías, despachos y otras dependencias, un panorama al que los trabajadores y usuarios habituales de estos edificios comienzan a acostumbrarse ya con "resignación indignada" y cierta preocupación por la llegada de la primavera y los primeros días de calor.

Un factor que, debido a la presencia de ácaros y partículas en suspensión, contribuye a agravar las reacciones alérgicas y los episodios de asma, conjuntivitis, dermatitis e irritaciones de garganta de algunos trabajadores que, en ocasiones, han optado por usar mascarillas.

Muchos de ellos han comenzado además a evitar las dependencias más "conflictivas", como baños de uso general, las proximidades de las máquinas de café y los rincones en los que se apilan bolsas y cajas rebosantes de basura entre bolas de pelusas, acumulaciones de polvo, suelos con "adherencias" y olores hasta ahora poco habituales en las sedes judiciales.

Unas "deficiencias en el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud" que ya fueron detectadas por la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco en las comisarías de la Ertzaintza de Irun, Hernani, Bergara, Eibar, Tolosa y Oiartzun, donde quedó patente una "falta de orden y limpieza generalizada" con "acumulación de polvo y suciedad en espacios comunes", papeleras saturadas y presencia de insectos e incluso roedores en algún caso.

"La situación es límite desde hace meses", asegura Javier Zaragoza, miembro del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quien no duda de que, en estas condiciones, los trabajadores afectados se debaten "en la línea entre su salud y su deber profesional".

Un argumento compartido por su compañera de la Asociación de Fiscales Belén Martínez, que se resiste a "acostumbrarse" a la "normalización" de la suciedad a la que se enfrentan "día tras día" los usuarios de estos inmuebles.

Ante este panorama, Augusto Maeso, portavoz de la sección territorial de Juezas y Jueces para la Democracia en el País Vasco, sostiene que "el Gobierno Vasco no puede lavarse las manos y quitarse la responsabilidad de encima".

Maeso recuerda que anteriormente el Ejecutivo autonómico "llevaba la gestión directa del servicio de limpieza" que luego "decidió externalizar" hace unos años, a pesar de lo cual "la responsabilidad sigue siendo suya" por lo que, a juicio de este magistrado, "algo tendrá que hacer", dado que "el servicio que tiene que dar no se está prestando".

En esta misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Gipuzkoa, Santiago Romero Buck Arstad, cree el que Gobierno Vasco no puede "ponerse de perfil" cuando se están generando "problemas de salud" a las personas, "hasta tal punto que muchos han optado por comprarse sus propios artículos de limpieza".

Buck Arstad lamenta que este hecho haya supuesto "que las trabajadoras en huelga se lo hayan tomado como un ataque a su derecho, llegando incluso a advertir de que podrían denunciar a los funcionarios que limpiasen su propio espacio de trabajo", algo que, en su opinión, constituye "una muestra evidente del clima enrarecido que se respira en los juzgados".

Un contexto en el que Eider Sarasola, portavoz del sindicato ELA, mayoritario en el sector, asegura que el conflicto "se está enquistando", porque tanto el Gobierno Vasco como Garbialdi "no atienden mucho a negociaciones".

"Seguimos con la lucha, después de seis meses de huelga, y pensamos continuar hasta conseguir que la brecha salarial desaparezca", insiste Sarasola, a la espera de que próxima reunión de la Mesa Negociadora que tendrá lugar el próximo viernes abra alguna ventana que permita descongestionar el viciado ambiente de este conflicto laboral.

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