Los sindicatos culpan al PP y hablan de consecuencias electorales

Los sindicatos de la Función Pública de Castilla-La Mancha han denunciado hoy el "nuevo ataque" para los empleados públicos por parte del PP que supone la suspensión cautelar de la reducción de la jornada laboral y han avisado de que puede derivar en consecuencias electorales para este partido.

Los responsables de CCOO, UGT, Intersindical, CSIF y FSES (Anpe y Satse) han analizado en declaraciones a Efe la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central en funciones a la reducción de 37,5 a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados de la Junta, con lo que esta medida queda en suspenso de forma cautelar.

Todos los sindicatos han rechazado esta decisión y, al tiempo, han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que mantenga los puestos de trabajo creados desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la normativa.

La coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra, ha opinado que el recurso presentado por el Ejecutivo central formaba parte de "la hoja de ruta del PP, sobre todo, de Rajoy y de Cospedal" y ha opinado que este partido "ha perdido una oportunidad para reconciliarse con los empleados públicos".

"Evidentemente, las decisiones políticas tienen su reflejo en las urnas y desde luego esperamos que la inminente cita electoral dé por finiquitado un Gobierno que ha provocado y está provocando tanto sufrimiento", ha aseverado.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT CLM, Carmen Campoy, ha expresado su "más profundo malestar" y ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya presentado el recurso "al final de esta legislatura".

Con ello, ha opinado que es "básico" que se mantengan los alrededor de 300 nuevos puestos de trabajo que corresponden al ámbito sanitario.

"Es un recurso que no tiene fundamento jurídico para ganarlo porque la implantación de las 35 horas está ajustada a la ley", ha aseverado el responsable de la Intersindical Gustavo Fabra.

Fabra ha explicado que prepararán un documento conjunto para "intentar explicar al Tribunal Constitucional que las medidas cautelares van a suponer un grave perjuicio para la organización en los centros de trabajo de la Junta porque están organizados en base a calendarios laborales que se han negociado durante 2015 en base a las 35 horas".

Con ello, ha opinado que lo ocurrido "deja en muy mala situación" al PP de cara a las nuevas elecciones del 26 de junio y ha avisado al PP de Castilla-La Mancha de que "si quiere venir luego a pedir el voto a los empleados públicos, que los defiendan".

Por su parte, el presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Julio Retamosa ha considerado que la suspensión de la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos es "una noticia muy mala para todos los ciudadanos" de la región.

Ha afirmado que la rebaja de la jornada laboral era "lo único" que les había ofrecido hasta ahora el Gobierno de Emiliano García-Page y ha desvelado que le parecía "de locos que un Gobierno en funciones se atreviera a hacer esto estando unas elecciones tan próximas".

También el secretario autonómico del sindicato de enfermería Satse en Castilla-La Mancha, Juan Francisco Ruiz, ha calificado de "auténtica locura" esta medida que, a su juicio, es un "ataque" contra los empleados públicos de Castilla-La Mancha y que ya esperaban.

Ruiz ha dicho que lo más urgente ahora es convocar las mesas sectoriales y que la Junta aborde con cada sector las consecuencias de una suspensión que en el caso de la sanidad "puede tener unas consecuencias bastante duras" tanto para los trabajadores como para los usuarios, porque ya están planificadas consultas, quirófanos, vacaciones y turnos en base a 35 horas semanales.

Por su parte, el presidente regional del sindicato Anpe, Ramón Izquierdo, ha dicho que quieren esperar a la Mesa de la Función Pública, convocada para mañana, para que el consejero "nos cuente los pormenores" y los "detalles" de la decisión.

Ha avanzado, no obstante, que será un "perjuicio" para los servicios públicos y ha citado, en particular, el ámbito sanitario por las consecuencias que se puede derivar.

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