La cifra de empleados sin alta en la Seguridad Social marca nuevo récord

La economía sumergida en España sigue siendo un gran iceberg del que apenas se vislumbra una parte. No existen cifras oficiales sobre su tamaño -la media de los cálculos realizados por distintos institutos privados y organizaciones la situaría en una proporción equiparable al 20% del Producto Interior Bruto (PIB)-, aunque una lectura sosegada de las estadísticas del Ministerio de Empleo durante el último decenio permite vislumbra que el problema se agravó con la crisis y ni siquiera la recuperación incipiente de la economía ha podido frenarlo.

Pese a que el departamento que dirige Fátima Báñez ha reducido su actividad inspectora -1,16 millones de actuaciones en 2014 (último ejercicio del que existen números oficiales), un 6,8% menos que el ejercicio anterior-, el número de infracciones descubiertas ha seguido aumentando:_en concreto, un 11,3% hasta las 100.061. A su vez, la cifra de trabajadores implicados en alguna irregularidad ha crecido un 5,4% hasta los 387.483, al igual que lo ha hecho la transformación de contratos en situación anómala (40.802, un 3,6% más) y el empleo aflorado por actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (82.389 puestos, un 3,6% más).

Por el contrario, bajaron los requerimientos por irregularidades (126.412, un 7,7% menos) y las altas anuladas en empresas ficticias (17.880, un 27,3% menos). Según los sindicatos, ello tendría relación con el hecho de que el número de visitas investigadores a empresas y particulares se haya reducido también (327.553, un 4,8% menos), por más que en el área concreta de la Seguridad Social el descenso en las órdenes de servicio finalizadas (344.149) haya resultado menor (-1%). Comparado con el inicio de la crisis (2007), sin embargo, el bajón de estas actuaciones es muy importante: -41,7%.

Es precisamente en este apartado, en el de irregularidades en las altas laborales, donde el Ministerio ha obtenido más réditos, aunque eso también sugiere que el problema subyacente no ha decrecido pese a que la economía sí haya vuelto a crecer -el PIB_lo habría hecho un 3,2% el año pasado, tras ya aumentar otro 1,4% en 2014-. Así, las infracciones en acta descubiertas se han incrementado un 9,4% hasta las 62.926, al tiempo que el número de trabajadores afectados por ellas ha caído un 4,6% aunque aún supera la frontera de los cien mil (100.381).

Seguramente el dato más significativo sea el de las altas promovidas por la inspección, consecuencia de haber detectado a trabajadores en situación irregular. Así, en 2014 se instó a 79.490 personas a inscribirse en la Seguridad Social y salir de la economía sumergida, un 6,5% más que el ejercicio anterior. El dato, además, marca un nuevo récord siendo el mayor del último decenio y duplicando también el nivel previo al inicio de la crisis ('solo' 34.784 empleos en 'B' fueron regularizados en 2007, y otros 43.351 en 2008).

218 empleos en 'B' diarios

En términos comparativos, esos casi 80.000 no cotizantes descubiertos suponen seis veces que la cifra de personas que cobran prestaciones de forma indebida, según la propia estadística del Ministerio. Suponen, asimismo, una media de casi 218 empleos irregulares diarios. Y un dato más: por cada 100 inspecciones realizadas durante 2014, se detectaron a 15 personas trabajando en la economía sumergida, un 26,4% más que un año antes.

Por sectores, la mitad de las irregularidades (203.446 entre actuaciones relativas a la economía irregular y el trabajo de extranjeros) se descubrieron en la hostelería (45.549), el comercio (36.165) y otros servicios (23.223), superando con creces a la construcción (18.443), tradicionalmente una de las actividades donde más casos de actividad sumergida se han dado. La industria (10.896) y la agricultura (8.245) también estuvieron por debajo.

En términos económicos, los expedientes de carácter liquidatorio realizados por la Seguridad Social solo en materia de altas forzosas sumaron casi 1.007 millones de euros (el global ascendió a 1.030 millones), apenas un 0,4% menos que en 2013. No obstante, el importe de las sanciones propuestas en ese apartado sí creció ( un 11,8%) para aproximarse a los 225 millones, casi seis veces más de lo que había previsto recaudar por el mismo motivo antes de la crisis (38,6 millones en 2007).